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Cantabria 16-11-2018 15:45

El Tribunal de Cuentas recibió acuerdos contrarios a reparos por 7 millones de entidades locales cántabras

El Tribunal de Cuentas recibió, a junio de este año, un total de 235 resoluciones y acuerdos contrarios a reparos formulados por órganos de intervención de entidades locales de Cantabria, por un importe total que superaba los siete millones de euros. En concreto, fueron remitidos por 23 ayuntamientos, una EATIM y una mancomunidad.

   Además, en la misma fecha, se habían recibido en la Plataforma de Rendición de Cuentas, 59 expedientes por omisión de trámite de fiscalización previa, por importe total de casi cuatro millones de euros, que agrupaban 242 operaciones de gasto. Los 59 expedientes fueron remitidos por diez ayuntamientos.

   También, los responsables de los órganos de intervención de las entidades locales de Cantabria comunicaron la existencia de ocho anomalías de ingresos en 2016 por un total de 81.862 euros. Fueron remitidas por cinco ayuntamientos, y eran cinco sobre imposición de tasas y los tres restantes, por impuestos locales, ingresos patrimoniales, y otros ingresos.

   Son algunos de los datos que figuran en el `Informe de fiscalización sobre los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados por los interventores locales de las entidades locales de la comunidad autónoma de Cantabria y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, ejercicio 2016`.

   A 1 de junio de 2018, el 87% de los órganos de intervención de los ayuntamientos de Cantabria así como el 41% de las mancomunidades habían remitido información correspondiente al ejercicio 2016. Únicamente el 5% de las 521 entidades locales menores (EATIM) habían cumplido la obligación. La ratio de cumplimiento de la totalidad de entidades locales es del 19%.

   El 75% de las entidades locales ha comunicado que no se produjeron acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de intervención, expedientes con omisión de fiscalización , ni tampoco anomalías en la gestión de ingresos en el citado periodo. Además, el 95% de los órganos de intervención comunicaron que no existían anomalías de ingresos. El porcentaje de entidades en las que se aprobaron expedientes con omisión de fiscalización previa fue del 92%, y las que presentaron certificaciones negativas en cuanto a acuerdos contrarios a reparos fue el 79%.

   Dentro de los acuerdos contrarios a reparos formulados por órganos de intervención de entidades locales, por más de siete millones, los expedientes de contratación fueron los que registraron mayor cuantía y número, el 41%, y los de personal representaron el 30%. La causa más común de los reparos fue la omisión el expediente de requisitos o trámites esenciales, mientras que por insuficiencia de crédito o inadecuación fueron el 9% y el 8% del importe.

   Por su parte, la omisión del trámite de fiscalización previa que afectó a gastos de contratación supuso el 43% de la operaciones y el 88% de su importe.

  AYUNTAMIENTOS

   Entre los casos concretos por ambos supuestos, de los 58 expedientes analizados, 27 se referían a gastos derivados de la prestación de servicios y suministros sin la adecuada cobertura jurídica (el 48%).

   De estos 27, 24 se referían a expedientes que se articularon como contratos menores pero que, por su importe, deberían haberse licitado por concurrencia competitiva, y de ellos, cuatro se imputaron al ejercicio 2016 a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito a pesar de que los gastos se generaron en ejercicios anteriores. Es el caso de los ayuntamientos de Santa María de Cayón (dos expedientes), Arredondo y Santoña.

   En otros tres expedientes de los 27, el reparo fue porque la prestación se realizó sin contrato, porque el contrato anterior no se había finalizado y no se había formalizado uno nuevo, lo que sucedió, por ejemplo, en Miengo, respecto al contrato de asistencia sanitaria, que estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015 y no se formalizó el nuevo hasta abril de 2016.

   En San Vicente de la Barquera afectó a cuatro prestaciones de servicios, dos de ellas sin contrato por más de tres años.

   En el Ayuntamiento de Santander se efectuaron nueve prestaciones de servicios y suministros sin contrato en vigor por un periodo superior a un año. Algunas de las facturas procedían de ejercicios anteriores a 2016, que se imputaron al presupuesto de dicho año a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito.

   Tres contratos eran de obras e incumplían la normativa contractual. En el tramitado por el Ayuntamiento de Guriezo, Intervención manifestó la incompatibilidad de diversas facturas y certificaciones de obra con el informe mensual de dirección de obra, lo que derivó, pese al reparo, en una modificación posterior de la fechas de una de las certificaciones y su correspondiente factura.

   En los ayuntamientos de Miengo y Santoña, se aprobaron sendos reconocimientos extrajudiciales de crédito para imputar al ejercicio 2016, en el primer caso, una modificación de contrato celebrada al margen del procedimiento contractual, y en el segundo, una factura del ejercicio 2009.

   Nueve expedientes tuvieron por objeto la contratación de personal temporal dentro de la orden de Corporaciones Locales. En Cabezón de la Sal, tres expedientes, y en Marina de Cudeyo, cuatro, los reparos fueron por la forma de selección del personal a contratar. Otros dos expedientes, uno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera y otro de Val de San Vicente, fueron por los salarios.

   Otros 14 expedientes se referían a cuestiones de personal, como el tramitado en Marina de Cudeyo, donde se reparó el abono de un plus salarial que no estaba contemplado en el convenio. Los otros 13 (12 tramitados por el Ayuntamiento de Corvera de Toranzo y uno por el de Guriezo) eran por el abono de nóminas de trabajadores temporales que fueron convertidos en indefinidos no fijos.

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