Media defiende la necesidad de la nueva Ley de Vivienda regional para regular el mercado y dotar de seguridad al sector

"Hemos venido aquí para cambiar las cosas", ha afirmado, asegurando que el Ejecutivo de Buruaga continuará desarrollando "políticas en positivo, que pongan más vivienda en el mercado y que protejan la propiedad privada de los cántabros".

Cuestiones que, ha subrayado, aborda la futura normativa autonómica, que ya se encuentra en el Parlamento, y sobre la espera que, en esta ocasión, "prime el sentido común" para recabar el apoyo de todos los grupos políticos para su aprobación.

Así lo ha destacado el consejero durante su intervención en la clausura de la segunda edición del 'Congreso Vivienda Cantabria 2025', organizado por El Diario Montañes, que se ha celebrado durante dos jornadas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander para abordar el futuro del sector, la sostenibilidad y la digitalización en la construcción.

"Desde nuestras competencias, Cantabria no dejará ni un solo resquicio para que el propietario se encuentre desprotegido", ha expresado el también titular de Vivienda en relación a la futura normativa autonómica en la que se establecen "todas las barreras posibles" a la ocupación ilegal.

El consejero se ha referido a diferentes recursos para abordar este problema como la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación que comenzará a funcionar próximamente, tras la contratación esta misma semana de un asesor jurídico que gestionará este servicio.

También se habilitará un canal de comunicación mediante un teléfono y un mail para el asesoramiento a particulares y vecinos afectados por esta problemática.

Otras novedades que recoge el texto son el fomento del alquiler asequible, con la incorporación de fórmulas de colaboración público-privada, o la promoción de viviendas a precio tasado. También se incluye declarar en situación de emergencia habitacional a quienes hayan perdido sus viviendas o no puedan usarlas a causas de incendios o catástrofes naturales, y se habilita como usuarias de vivienda protegida a profesionales de servicios básicos.

También se ha referido a la última reforma fiscal que el Ejecutivo ha aprobado y que implica "multitud de beneficios" en el ámbito de la vivienda y destacado las mejoras del decreto de ayudas al alquiler "para llegar a más gente y en mejores condiciones", entre otras medidas.

Asimismo ha vuelto a insistir en que crear zonas tensionadas o topar los precios del alquiler, mecanismos que recoge la Ley nacional de Vivienda, "son dañinos y no hacen más que empeorar la situación". "Cantabria no va a declarar zonas tensionadas ni ahora ni nunca", ha reiterado, y se ha referido al reciente estudio de la Universidad de Cantabria que "ratifica" que esta declaración "dificulta el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos", por lo que se desaconseja su implantación.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

Por ello, ha defendido que la mejor fórmula para cambiar esta situación es construir mucha vivienda para aumentar la oferta. En este sentido, ha recordado las 285 viviendas en régimen de alquiler asequible en 9 municipios de la región en las que su departamento está trabajando desde el inicio de la legislatura. De ellas, tres ya están finalizadas en Orejo y otras 27 están a punto en Reinosa y Santillana del Mar.

Sobre la construcción de las 212 viviendas en 6 municipios a través de la colaboración público- privada, ha avanzado que todos los proyectos están ya registrados en los 6 ayuntamientos donde se van a ejecutar y "de forma inmediata" contarán con las licencias municipales para iniciar los trabajos.

Además, ha añadido que la Consejería continúa en contacto con otros municipios como San Vicente de la Barquera, Ruiloba, Santander, Ribamontán al Mar, Castro Urdiales, Guriezo o Penagos para continuar construyendo más vivienda pública.

PRESUPUESTO 2026

Por otra parte, sobre el Presupuesto de Cantabria para 2026, el consejero ha lamentado que "los tres partidos que perdieron las elecciones se hayan aliado para tumbar esas cuentas". Una decisión que considera "incomprensible y de absoluta irresponsabilidad", y que pone "en peligro" las medidas que se articulan en el documento, que incrementa en un 63% en políticas de vivienda, pasando de los 36,9 millones de euros de este ejercicio a los 60,2 en 2026.