La delincuencia juvenil aumenta en Cantabria, donde cerca de un millar de menores tienen medidas de protección

   La cifra más elevada, como en años anteriores, corresponde a las infracciones constitutivas del delito de lesiones. En 2012 se incoaron 247 expedientes por este tipo penal, 32 más que en el año anterior, al que hay que añadir siete causas por agresiones sexuales y dos por abusos sexuales, así como 65 robos violentos, frente a los 49 del año anterior, lo que supone que "el nivel de agresividad de los menores no disminuye, sino todo lo contrario, aumenta", advierte la Fiscalía.

   Entre los delitos contra la propiedad no violentos, se incoaron 227 diligencias por hurtos, 101 por robos con fuerza y 132 por delito de daños. En relación con los delitos contra la seguridad vial, se han incoado 19 expedientes por conducción sin permiso y seis por conducción temeraria.

   En relación a los delitos de violencia doméstica, se ha incrementado el número de expedientes. En 2012 se incoaron 30, frente a los 20 del año 2012, aunque han disminuido los de violencia de género que se redujeron de nueve a cuatro.

   Excepcionalmente se ha acordado alguna medida cautelar de internamiento de menores en centro en los supuestos de violencia aguda en el seno familiar. En la memoria de 2012, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía de Menores solicita la creación de una unidad residencial específica para los menores incursos en este tipo de delincuencia, dedicada en exclusividad a tratar su problemática, ya que la mayoría es el único tipo delictivo que infringen pero les condiciona sobremanera su evolución madurativa, y en el que se abordara la intervención conjuntamente con las familias.

  PROTECCIÓN DE MENORES

   "Es un hecho obvio que la sociedad cada vez es más violenta y que la violencia alcanza a nuestros menores, adelantándose la edad de inicio de las acciones violentas", explica la Fiscalía de Menores, que destaca que el sector al que más afecta es a aquellos grupos en los que menos control existe por parte de los progenitores, en su mayoría grupos marginales, lo que por otra parte supone una dificultad añadida para abordar la problemática con medidas de protección, porque ello exige intervenciones familiares, no muy aceptadas.

   En relación con estos menores, la Fiscalía señala que "ayudaría sobremanera la implicación de los centros escolares, de forma que cuando detecten conductas agresivas en edades tan tempranas, lo comunicaran a los servicios sociales, sin esperar denuncias por hechos delictivos".

   En su exposición, la Fiscalía de Menores expresa su preocupación por la existencia de alrededor de 1.000 expedientes vivos de protección de menores, no informatizados.

   De hecho, "la imposibilidad de controlar adecuadamente" esta área es lo que más preocupa en la Sección de Menores, que considera "muy escasa" su plantilla y solicita la ampliación de la misma "para poder llevar a cabo el necesario control de los expedientes de protección e instruir los expedientes de reforma con la celeridad que el superior interés de los menores demanda".