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El caso Puerto Gallego y "el denuncia que algo queda"




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02-11-2016 13:10:00

Gema M. Garay - En los últimos años, los ciudadanos asistimos entre indignados y perplejos a una vorágine de noticias de políticos inmersos en causas judiciales. Las denuncias se suceden y el juicio mediático da comienzo. Algunos de estos casos se abren a instancias de civiles que persiguen acabar con una injusticia...


En los últimos años, los ciudadanos asistimos entre indignados y perplejos a una vorágine de noticias de políticos inmersos en causas judiciales. Las denuncias se suceden y el juicio mediático da comienzo. Algunos de estos casos se abren a instancias de civiles que persiguen acabar con una injusticia. Sin embargo… ¿Qué ocurre cuando quienes denuncian son los partidos de la oposición con un interés claro de derribar y desacreditar a un rival político? Los acontecimientos de un futuro inmediato están claros. La maquinaria de la política más impía se pone en marcha. Aunque los fiscales pidan el archivo de la denuncia por no encontrar delito alguno, para cuando los partidos denunciantes han acabado de dar bombo al tema, se ha criminalizado a esas personas y su entorno. Marcados con una letra escarlata, los encausados cargarán con las consecuencias en su honor durante años por lo que como mucho llegó a ser la demora en ejecutar un procedimiento o un fallo administrativo. Poco importa si se les termina por absolver. Los juzgados no deberían utilizarse para tramar venganzas políticas y personales. La mañana soleada del lunes 31 de octubre, día de Halloween, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Santoña se llevó a cabo una perfecta escenificación moderna de la caza de brujas en Salem.


El viernes 16 de septiembre, Puerto Gallego, diputada socialista en el Congreso anunciaba su renuncia al cargo en un acto de compromiso con los ciudadanos. La diputada cumplía su palabra. Puerto Gallego dimitió nada más conocer su condición de investigada ante una denuncia, interpuesta por Falange Española de las JONS y el PP, acusándole de una presunta prevaricación administrativa. Aquel viernes, lo hizo público en rueda de prensa.


Pero… ¡Volvamos al lunes del terror en el consistorio! Un grupo político emergente en la oposición, muy nuevo en su fachada pero con muy antiguos cimientos ha llevado al Pleno una moción que pedía la dimisión o el cese de dos concejales por hallarse investigados en la misma causa que Puerto Gallego. No parecía importarle que los ciudadanos hubieran dado su confianza a estos dos ediles dos años antes cuando ya eran conocedores del caso, el cual sólo había pasado de un tribunal a otro por el aforamiento al que ahora Puerto Gallego renunciaba.


En su extensa exposición, retransmitida por la radio para todo el pueblo, el concejal del grupo político nuevo en la corporación santoñesa no explicaba que la Fiscalía de Cantabria había pedido en tres ocasiones sucesivas el archivo de la denuncia por considerar que no existía delito en la gestión de los socialistas santoñeses entre 2003 y 2009. Sólo recalcaba que por haber sido acusados debían abandonar sus concejalías en aras de la ética. Exigía al alcalde de Santoña el cese de los dos ediles por una sospecha que el fiscal había rechazado y pedido archivar hasta en tres ocasiones, a pesar de la insistencia del PP y Falange.


El representante de la oposición minoritaria santoñesa lanzó una perorata de palabras rotundas como “hechos probados”, “corrupción” o “imputados” donde en realidad no se ha probado nada y no existe corrupción pues la falta sería como mucho administrativa en el caso de que existiese culpabilidad, que aún está por ver.


El alcalde de la villa explicó claramente que la decisión de la diputada era un gesto personal para evitar un torbellino de escarnio y venganza política. Al dejar su aforamiento se abría otra  instrucción conjunta pero el procedimiento judicial no cambiaba un ápice. El regidor dejaba claro que la decisión de dimitir es personal y el alcalde no iba a destituir por imposición a dos personas en las que confía, que los ciudadanos han votado y por un caso que permanece en fase de instrucción desde antes de las pasadas elecciones. Una causa de presunto fraccionamiento de cuatro contratos con empresas. Cuatro entidades que habían dado servicio al consistorio durante varios años con mucha anterioridad a la llegada del equipo de gobierno aludido y que continuaban contratadas a la entrada de Puerto Gallego al Ayuntamiento de Santoña o empresas que fueron contratadas por varios ayuntamientos a raíz de una subvención, etc. El alcalde de la villa hizo un llamamiento a la cordura pidiendo responsabilidad a la oposición para que no se instrumentalizase la política con fines partidistas.


El representante opositor del nuevo grupo político santoñés continuó con sus afirmaciones, animado por sus compañeros cercanos en la bancada, mientras se rasgaba las vestiduras. El concejal de la oposición en minoría prosiguió su intervención con un juicio moral propio de una caza de brujas sin piedad. La presunción de inocencia parecía lo menos importante en la sesión plenaria. La oposición tampoco mencionó datos relevantes como que los dos investigados se encontraban en esa circunstancia al haberse denunciado a toda la Junta de Gobierno al completo. Toda la Junta no pudo intervenir en el presunto fraccionamiento de los cuatro contratos que el PP y Falange denunciaban. Sin embargo, esa mañana, todos fueron colocados en el patíbulo a la vez. En un Pleno radiado a todo el municipio, sin apertura de juicio oral y sin ningún tipo de avance en el caso, los dos grupos políticos de la oposición afilaron sus cuchillos con el fin de vestirse de eficacia y transparencia. En un baile sádico de extrema coordinación, los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Santoña volvían a abrir una herida de manera injustificada ante todo un pueblo expectante y oyente de la radio local con el único fin de darse publicidad y presentarse con la imagen salvadora de la ciudadanía que los ciudadanos no reconocen.



El alcalde ha aclarado que el colectivo más antiguo de la oposición tiene archivada una denuncia por el mismo hecho que, a su parecer, no se investigó suficientemente. Ahora, en cambio, este grupo político se escandaliza. Un reparo no convierte a nadie en delincuente. Sin embargo, hay quienes se permiten ejercer la doble moral. La judicialización de la política por parte de unos grupos políticos para dañar a otros convierte el servicio público en una caza inquisidora del adversario político. Tácticas propias de la política de alcantarilla. En lugar de tratar de mejorar la vida de los ciudadanos se busca basura en los contenedores con fines partidistas. ¡Un Pleno muy apropiado para Halloween!

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