Sigue pendiente la reforma de la Ley Electoral

Sorprende sobre manera, a los que estamos pendientes de la actualidad política, que lo primero que se ha puesto sobre la mesa haya sido el aumento de escaños, pasando de los actuales 350 a 400 escaños para formar las Cortes o Parlamento. Así resulta que lo esencial es aumentar el número de diputados para que las formaciones puedan “colocar” a sus acólitos. 

Esto es lo que se ha publicado en algún medio de comunicación y  resulta que nada se dice  de las funciones del Senado, cuando no hace mucho se alzaban voces sobre su inutilidad, y la conveniencia de las listas abiertas. Nada que añadir sobre las circunscripciones hechas hace ya cuatro décadas con poblaciones que nada tienen que ver con la actualidad.

De todo ello se desprende que no hay demasiado interés por meter el diente a  una ley que ya no sirve, o que no se ajusta a las actuales circunstancias del país,  aunque  se empieza a hablar de ella para marear la perdiz y finalmente dejar las cosas como están.

Por otro lado, nadie menciona la problemática planteada por una división de la nación en más de ocho mil municipios, con sus correspondientes edificios y sus regidores y ediles, que data nada menos que del año 1833, cuando se contemplaban 49 provincias y 15 regiones. Estas provincias con el paso del tiempo  fueron asumidas por la Primera República y posteriormente por la Segunda República y  la Monarquía.  A lo largo de los siglos XIX la división administrativa sufrió retoques mínimos. Hubo otras modificaciones a lo largo del siglo XX, algunos frutos de la propia Constitución Española de 1978, que afectaron más al cambio de nombres que a la organización territorial.

Hoy disponemos de 17 comunidades autónomas para el mismo territorio y pocos retoques más pese a que han transcurrido casi dos siglos, con notables cambios en las comunicaciones y sistemas de autovías, ferrocarriles y líneas aéreas que acortan distancias y facilitan los traslados de los ciudadanos. Eso sin mencionar las ventajas que nos reporta las telecomunicaciones y el internet.

Pues a pesar de todo ello, seguimos igual y sin perspectivas de cambio. Los políticos están en otra onda y no se detienen en plantearse reformas en profundidad para recortar el gasto y adaptarse a los tiempos presentes. Al parecer les preocupan  mucho más la pervivencia de sus formaciones políticas y el mantenimiento de su estatus antes de abordar debates serios sobre el fututo de España.

Existen en la actualidad un total de 8.124 municipios. Cifra escandalosa comparada con los que funcionan en otros países de la Unión Europea donde ya han abordada reformas de este calado para reducir su número. La vecina Francia, sin ir más lejos. 

Muchos de nuestros consistorios  han sufrido el cáncer de la despoblación y sus habitantes apenas llegan a unas decenas o centenas.

En Cantabria, sin ir más lejos, gozamos de 102 municipios, cuando existen estudios hechos desde la propia Universidad de Cantabria aconsejando que con alrededor de un tercio de ayuntamientos se podría seguir prestando a los vecinos los mismos servicios o incluso mejorándolos. Cuando se ha planteado la reforma administrativa se han alzado voces raudas argumentando que la mayor parte de los ediles no cobran sueldo, pero nada se dice del coste del mantenimiento  de  los edificios abiertos y el empleo de personal en muchos de los casos con escasa actividad. Partimos de la base de que el tema es polémico y complicado políticamente, pero ya en el Siglo XXI debe abordarse con valentía y desde el punto de vista práctico para eliminar o reducir las redes clientelares que favorecen casos de nepotismo, despilfarro y corrupción. Lo que no puede permitirse en que las formaciones políticas sigan calladas ante la evidencia.