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Nacional 21-10-2017 11:45

Elecciones antes de seis meses

Rajoy aplica el 155: cese de Puigdemont y de todos los consejeros del Gobierno catalán

Cita sentencias del TC y advierte del parón en la actividad económica en Cataluña, con salida de empresas y caída de pedidos industriales.

   Así lo ha anunciado hoy en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar las medidas, pactadas con el PSOE y Ciudadanos, que el Ejecutivo enviará al Senado, donde se tramitarán en la Comisión de Comunidades Autónomas o en la que se cree al efecto, para ser votadas en el pleno que se convará para el viernes 27 de octubre.

   Mariano Rajoy ha explicado las medidas más importantes que se aplicarán al amparo del artículo 155 y que, según ha dicho, detallará la vicepresidenta del Gobierno a los periodistas en un breefing posterior. Entre ellas, propondrá al Senado asumir él la facultad de disolver el Parlamento catalán y la capacidad para convocar las elecciones autonómicas en un plazo máximo de 6 meses. No obstante, Rajoy ha expresado su voluntad de hacerlo "tan pronto como se recupere la normalidad institucional".

   También pedirá, con el fin de "proteger el interés general de la nación" que se autorice al Gobierno a cesar al presidente de la Generalitat, el vicepresidente y todos los consejeros que integran el Consejo de Gobierno.

   Las funciones serán asumidas por el órgano que cree o designe el Gobierno de la nación y, en principio, serán asumidas por los Ministerios.

   En cuanto al Parlamento catalán, el Gobierno también pedirá al Senado restringir sus funciones, de tal forma que no pueda proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, ni celebrar un debate y votación de investidura. Tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña --que corresponderá al Senado--, ni podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

  

  El Gobierno ha preparado un documento de once fólios, en los que justifica la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por la necesidad de restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes.

   Esos son los cuatro "grandes objetivos" que amparan, según el Ejecutivo, la aplicación de este procedimiento que se plantea "de forma garantista", persiguiendo en todo caso "asegurar derechos y no restringir libertades".

   En este documento, el Gobierno también acude a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia del año 2014 dice que el artículo 155 "opera como medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente de una determinada comunidad autónoma, que no ha adoptado, primero por propia iniciativa y luego a instancias del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido".

   En otra sentencia de 1981, que cita este texto, el alto tribunal califica el artículo 155 como uno de los preceptos constitucionales "consecuencia del principio de unidad y de supremacía del interés de la nación".

   En otra parte del documento del Ejecutivo se explica "que las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en Cataluña", habiéndose provocado "una progresiva fractura y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico".

   En este sentido, cita el traslado de domicilios sociales de importantes empresas catalanas, el daño a la actividad turística y, en el ámbito industrial, una disminución en el número de pedidos de automóviles, mientras que en el comercio interior se observa una bajada de las ventas en grandes superficies.

  

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