Cantabria es comunidad pionera en la tramitación de los expedientes de adquisición de la nacionalidad

   Éste es uno de los "dos compromisos" que ha asumido directamente el Ministerio de Justicia con la Comunidad Autónoma, y que ha dado a conocer hoy el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, tras participar en Madrid en la Conferencia Sectorial del ramo, junto al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y los consejeros autonómicos de las otras diez comunidades con competencias en esta materia. El otro consiste en la agilización del proyecto de digitalización de los libros registrales existentes en los 94 registros delegados de Cantabria, que permitirá "culminar" el proceso de informatización de los mismos.

   Sobre la experiencia piloto en los registros civiles, que comenzará en los primeros días del mes de febrero, el consejero ha explicado que permitirá a los extranjeros residentes en la Comunidad que deseen adquirir la nacionalidad española seguir los trámites desde Cantabria, sin necesidad de acudir al Registro Mercantil central, situado en Madrid, o hacerlo de forma telemática, lo cual ofrecía "poco detalle del estado de los mismos". Una actuación que permitirá ganar "en eficacia y celeridad", y supondrá un "avance importantísimo" en este ámbito, en el que los trámites son "especialmente lentos", ha dicho Mediavilla.

   Por otro lado, se ha dado el visto bueno a la petición del Gobierno de Cantabria de agilizar los trámites en la digitalización de los libros registrales, algo "imprescindible en Cantabria", que, ha explicado el consejero, es la única comunidad de toda España que ya ha finalizado el proceso de informatización de sus 94 registros civiles delegados. Así pues, la digitalización de los libros existentes desde 1950 supondrá "culminar un proyecto de modernización muy ambicioso", del que ya se han completado las fases anteriores con la interconexión de todos los registros con banda ancha y la puesta en marcha de la aplicación informática ‘Inforeg’, gracias a un proyecto cofinanciado por el Ejecutivo autonómico y la entidad pública empresarial Red.es.

   Igualmente, se ha aprobado la propuesta del Gobierno de Cantabria referente a la ‘comarcalización’ de los juzgados de violencia sobre la mujer, que supondrá ampliar la competencia del único juzgado existente en la Comunidad sobre esta materia, el de Santander, a los partidos judiciales de Torrelavega y Medio Cudeyo. Desde la Consejería de Justicia se "apostó por esta opción", ha explicado el consejero, ya que, sumando los asuntos sobre este ámbito que entraron en 2007 en los tres partidos -965-, todavía no se llega al módulo de entrada fijado por el Consejo General del Poder Judicial -1.200-.

   "Esta actuación no cargará excesivamente de trabajo al Juzgado ya existente en Santander y, a la vez, dotará de mayor calidad a las resoluciones que se dicten por la especialización de éste", ha explicado al respecto.

   Por otro lado, y tras la aprobación del proyecto de ley que reforma la legislación procesal por parte del Consejo de Ministros el pasado viernes, Mediavilla ha planteado al ministro la necesidad de agilizar "al máximo" los trámites para la "implantación efectiva" de la denominada nueva Oficina Judicial, que permitirá "adaptar a la sociedad actual" una administración "todavía basada en modelos decimonónicos".

   Según el consejero, desde que Cantabria asumió la competencia en esta materia, el 1 de enero de este mismo año, "todo el trabajo se está haciendo con la vista puesta en esta nueva Administración". Así, por ejemplo, el diseño del Palacio de Justicia de Torrelavega, recientemente presentado, se ha realizado atendiendo a esta "filosofía", con una distribución de los espacios conforme a "lo que ha de ser la Justicia en un futuro próximo", aunque, lógicamente, pueda prestar perfecto servicio en las condiciones actuales. Por eso, ha calificado como "imprescindible" que, desde el Ministerio, se adopten las medidas necesarias para "impulsar su implantación cuanto antes".

   Como cambios concretos, la reforma prevé una reestructuración completa del conjunto de los medios personales, materiales y tecnológicos que rodean al juez en el desarrollo cotidiano de su trabajo. En esencia, se trata de reforzar la faceta jurisdiccional del juez, alejándolo de labores burocráticas o técnicas, para permitir esa agilización de la Administración de Justicia que se reclama insistentemente desde todos los estamentos sociales.

   Por ejemplo, la ‘Nueva Oficina Judicial’ contempla la creación de las denominadas Unidades Procesales de Apoyo Directo, constituidas por un grupo de funcionarios que prestarán servicio en un juzgado concreto y, por otro lado, los Servicios Comunes Procesales, que permitirán la gestión centralizada de algunos trámites -ejecuciones de sentencias, registro, reparto e, incluso, las tramitaciones ordinarias del propio procedimiento-, que hasta ahora venían haciéndose de forma separada en cada juzgado.