Investigadores CSIC creen que en el futuro se podría tener que pagar por "uso recreativo" de recursos naturales

   Los investigadores del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC) Alejandro José Caparrós y Pablo Campos creen que, en el futuro, podría tenerse que pagar por el "uso recreativo" de los recursos naturales, aunque han advertido que se trata de una medida que "generaría rechazo".

   Así lo han señalado este viernes en rueda de prensa ofrecida en Santander con motivo de su participación esta semana en el encuentro sobre lo que se ha denominado `Contabilidad del ecosistema` (Ecosystem accounting), que forma parte de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que analiza las experiencias recientes y los desarrollos futuros.

   En este sentido, se han referido a simulaciones que se han hecho en Andalucía dirigidas a deternubar "cuánto realmente se podría recaudar potencialmente en un mercado hipotético" en torno al acceso a los recursos naturales, por ejemplo, para el acceso a los bosques.

   Sobre la viabilidad o no de imponer o no tasas, tanto Caparrós, que es director del IPP-CSIC, como Campos, responsable del grupo de investigación en Economía Ambiental de este instituto, han explicado que se trata de una decisión "política" que corresponde a los gobiernos.

   En este sentido, han recordado que ellos son científicos y analistas y no políticos y han explicado, en esta misma línea, que el IPP-CSIC "evita decir" si es "adecuado o no" esta imposición de tasas.

   Sin embargo, Caparrós ha opinado que sería una medida que "generaría rechazo" en la población y ha reconocido que él "no la llevaría a la práctica".

   Por su parte, Campos cree el mundo se encamina hacia una "mayor economía comercial" de los servicios ambientales en materia de conservación de la naturaleza.

   Según su "opinión personal", en el futuro habrá "más mercado" en la conservación del medio ambiente, "más compensación pública" en zonas donde estén en "riesgo" los elementos de la biodiversidad y "más regulación pública" en materias como la protección de especies amenazadas o en peligro de extinción.

   Así estima que habrá una protección "más activa", en la que se concederá "más importancia" a factores como la colaboración público-privada o el trabajo "voluntario" de los usuarios de los bienes naturales.

  EL `PIB VERDE`

   En la rueda de prensa, ambos se han referido al proyecto de metodología que se lleva haciendo varios años en Andalucía dirigidio a calcular el valor económico de las denominadas "cuentas naturales" o "PIB verde".

   Y es que han señalado que a día de hoy los servicios recreativos, la biodiversidad, el valor del paisaje o la fijación del carbono por parte de los árboles "están fuera de la estadística" oficial, por ejemplo, de Eurostat.

   En este sentido, han concretado que los cálculos que han realizado desde el IPP-CSIC mediante una metodología sobre el valor añadido que ofrecen las cuentas forestales en Andalucía y el resultado es que sería "11 veces superior" a la actual estadística de entidades como Eurostat, que tal y como han añadido, no recogen este tipo de cuentas.

   Por ello, Caparrós cree que "merece la pena el esfuerzo" ya que, en su opinión, "nos estamos dejando una parte muy importante" sin contabilizar.

   En opinión de Campos, esta estadística "constata la necesidad" de modificar la estadística para promover la existencia de un "PIB verde" incorporando los resultados de las cuentas de los ecosistemas, porque en el caso de Andalucía, ha precisado, la renta ambiental es "el 90 ciento" del total y "ahora está omitido".