Aprobada una iniciativa en favor de los examinadores de la DGT con la abstención del PP

   El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado, con el apoyo de PRC, PSOE, Podemos y de los dos diputados del grupo mixto y con la única abstención del PP, una iniciativa en favor de las demandas de los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), en huelga desde junio, y para demandar al Gobierno central que "cumpla los acuerdos" alcanzados a finales de 2015 con este colectivo en relación al cobro del complemento retributivo que reclama.

   Ha sido el diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, exintegrante de Ciudadanos, el encargado de presentar una proposición no de ley (PNL) en relación a este conflicto laboral.

   Con esta iniciativa se insta al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) a que reclame al Ejecutivo central, no solo que cumpla estos acuerdos de 2015, sino que convoque oposiciones públicas para completar las plantillas, "como mínimo, hasta los niveles existentes en 2009", y provea los "fondos necesarios" para cubrir las horas extras que permitan acabar con la lista de alumnos en espera de efectuar su examen práctico.

   Todos los grupos han reconocido su preocupación por este conflicto y las consecuencias derivadas de éste, no solo para los alumnos pendientes de examen sino los daños económicos para las autoescuelas y otros sectores afectados y han confiado en que se llegue pronto a una solución.

   Sobre el incremento salarial que reclama el colectivo, Carrancio ha señalado que la subida que supone la actualización del complemento específico son unos 200 euros al mes para un colectivo que en el conjunto de España no llega a las mil personas.

   PRC y PSOE, por su parte, han señalado que este conflicto ha hecho que se dejen de ingresar en tasas unos 15,5 millones de euros, una cantidad superior a los 2,6 millones que supondría actualizar dicho complemento.

   A diferencia del resto de grupos, el PP no ha dado su `sí` a esta iniciativa al considerar, según ha señalado la diputada `popular` Isabel Urrutia, que es "desafortunada" e "injusta" pues, a su juicio, "no se reconoce lo hecho hasta hoy" por el Gobierno central para intentar afrontar la escasez de examinadores.

   También, y en relación a la demanda al Gobierno central que se cumplan los compromisos con estos trabajadores, Urrutia ha afeado a PRC y PSOE, partidos que conforman el Gobierno de Cantabria, que "pidan a los demás lo que son incapaces de hacer".

   Además, el PP señala que la iniciativa incluye demandas que ya se están llevando a cabo, como es la convocatoria de oposiciones de examinadores.

   Así, Urrutia ha recordado los dos procesos selectivos para cubrir plazas de examinador --uno de promoción interna y otro de carácter libre-- así como los cursos para la habilitación profesional para este puesto a funcionarios de la Administración General del Estado y personal permanente de carrera de las Fuerzas Armadas.

   En la iniciativa de Carrancio, se demandaba la convocatoria de oposiciones públicas para completar las plantillas "como mínimo hasta los niveles existentes en 2009".

   Los `populares` también se han opuesto a que se destine "el dinero de todos para pagar horas extraordinarias a los que hacen huelga". "El PP no lo va a hacer", ha dicho Urrutia en respuesta a la petición de Carrancio de que se provean los fondos necesarios para cubrir las horas extras para acabar con la lista de alumnos a la espera de realizar el examen práctico.

   Urrutia ha reclamado una "solución que no perjudique a nadie" y ha pedido a los examinadores a que "pongan fin" a la huelga y a los "daños" que están causando a los alumnos y a las autoescuelas.

   También ha deseado que se "acelere todo lo que se puedan" los procesos selectivos para cubrir las plazas de examinador y ha señalado que en seis meses habrá 129 más en toda España.

   Pese a reconocer los daños que está generando la huelga de examinadores, Urrutia ha subrayado que sí se están realizando exámenes en Cantabria. Según ha detallado, entre el 28 de junio y el 27 de octubre se efectuaron 4.542 teóricos y 2.758 prácticos.

  ADOCTRINAMIENTO EN EDUCACIÓN

   A diferencia de lo que ha ocurrido con esta proposición no de ley de Carrancio, el PP no ha conseguido sacar adelante una iniciativa del mismo rango que ha llevado al Pleno de este lunes para reclamar que se incorpore al Pacto de Estado Social y Político por la Educación medidas para "reforzar" las competencias de la Alta Inspección educativa para que pueda actuar "de forma rápida y eficiente" contra cualquier tipo de actuación de acoso, discriminación e incitación al odio a menores de edad" y velar "por el cumplimiento de los principios constitucionales".

   Para defender la necesidad de este refuerzo de competencias de la Alta Inspección, la diputada del PP Mercedes Toribio ha aludido al "adoctrinamiento" que, a su juicio, se produce en las aulas de territorios como Cataluña, Valencia y Baleares.

   Toribio ha aludido a los casos de "acoso escolar" a que se han dado, según ha dicho, a hijos de guardias civiles y policías nacionales en esta comunidad a raíz de todo lo ocurrido con el referéndum catalán.

   El PP señala que, ante estos casos, el Gobierno "ya ha actuado con toda la contundencia que la Ley permite a la hora de exigir responsabilidades y proteger a las víctimas de acoso", requeriendo, por ejemplo, al Departamento de Educación de la Generalitat" que actúe aunque --ha lamentado-- sin que "haya constancia del ejercicio de sus funciones por parte de la Inspección educativa.

   Así, ha recordado que es la Alta Inspección el instrumento que tiene el Estado para supervisar a las comunidades autónomas en materia de educación y quien elabora los informes técnicos de los que se sirve el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para detectar posibles incumplimientos normativos.

   Sin embargo, sostiene que se deben "reforzar" las competencias de la Alta Inspección para actuar en estos casos y así lo demandaba en su iniciativa, que ha sido rechazada por el voto en contra de PRC, PSOE y Podemos.

   PRC y PSOE consideran que lo que pretende el PP es una "recentralización" de las competencias de las comunidades autónomas y le han acusado de "instrumentalizar" la educación.

   Podemos considera que ya existen "suficientes" mecanismos para combatir las situaciones que denuncia el PP y cree que este partido "quiere un tribunal político a su medida" que "sustituya un supuesto adoctrinamiento" educativo en Cataluña por el, según ha dicho, "claro adoctrinamiento" del PP.

   Por su parte, Carrancio y Rubén Gómez han apoyado la iniciativa del PP. El primero lo ha hecho al considerar que las medidas que plantean los `populares` en su iniciativa "pueden ayudar a solucionar el asunto", aunque ha opinado que son "incompletas" y ha advertido de que "se van a quedar cortas".

   Gómez también ha dado su `sí` a la iniciativa del PP pese a que los populares no han aceptado su enmienda de adición, en la que pedía desarrollar el marco normativo para que los denunciantes de adoctrinamiento del odio nacionalista disfruten de la protección adecuada, incluído el anonimato, con la plena garantía de la indemnidad ante cualquier comportamiento dirigido a perjudicarles, en particular a los mejores de los centros educativos.

   También Cs planteaba la creación de un órgano independiente --preferiblemente una agencia-- para que ejerza las funciones que tiene atribuidas la Alta Inspección de forma "eficaz".

   A pesar de otorgar su apoyo a la PNL del PP, Gómez ha considerado que la iniciativa de los `populares` es una "copia menor", y que "le gusta menos", de la planteada por Cs en el Congreso de los Diputados sobre este asunto.