El PRC pide la dimisión de Diego y Mazas por el caso Ecomasa y que la Fiscalía investigue el destino del dinero

   Considera "probado" que el Gobierno del PP "urdió" con los promotores privados "el entramado financiero" del grupo para "beneficiarles"

   El Grupo Regionalista pide en sus conclusiones sobre la comisión de investigación de Ecomosa-Nestor Martin la dimisión del expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, como máximo responsable político del fallido proyecto, así como la de la exconsejera de Economía, Cristina Mazas, de los cargos públicos que ostenten en la actualidad -ambos son diputados-.

   También pide que la Fiscalía investigue los hechos para conocer el destino del dinero inyectado en esta empresa con el objeto de que sea devuelto, y depurar responsabilidades penales si se apreciase la comisión de algún delito.

   El PRC entiende que el proyecto de Ecomasa fue una "operación fraudulenta", una "estafa de 21,2 millones de euros" -18 aportados por el Gobierno y 3,2 procedentes de las indemnizaciones de los trabajadores de Teka-, perpetrada por los dueños de Ecomasa, Andrés De León y Jesús Lavín, con la "connivencia" del Gobierno del Partido Popular.

   Los regionalistas consideran "acreditada" la "participación y vinculación directa" del Gobierno de Cantabria, a través de la figura del gerente del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, "en el entramado financiero urdido para obtener la financiación pública y beneficiar a De León y Lavín", que fueron descritos por Diego como empresarios "de éxito" y "con garantías".

   Además, los regionalistas concluyen que hubo "coacción y engaño" a los trabajadores para que sus indemnizaciones pasaran a Ecomasa sin que ellos lo supieran. Así consta en las conclusiones que han presentado hoy en rueda de prensa los diputados Francisco Ortíz, Pedro Hernando y Rosa Valdés después de casi dos años de análisis de la documentación recibida y de haber escuchado a 43 comparecientes desde que comenzó la andadura de la comisión el 1 de julio de 2016.

   En ellas, el PRC sostiene que el Gobierno de Ignacio Diego dio 18 millones de euros a un proyecto "inexistente" porque Ecomasa "carecía de plan de negocio, ni estudio de mercado, ni petición formal de aval ni de crédito, ni soporte documental", y su gestión estuvo caracterizada por "la improvisación, falta de clientes y mala administración".

  GESTIÓN "FRAUDULENTA"

   Para los regionalistas, la gestión fue "fraudulenta" y "conllevó una clara malversación de fondos públicos", ya que "dinero que debió ir a la empresa de Maliaño se destinó a otras empresas del Grupo".

   "Se hizo una reestructuración financiera para desviar el dinero público destinado a la empresa de Maliaño a otras del Grupo, dejando en un segundo plano la idea principal del proyecto, que consistía en crear una planta productiva en Santander que generara empleo local e impulsara la actividad económica de la región", ha sostenido Ortiz.

   Según el PRC, "la inviabilidad" de la empresa se produjo a mediados de 2014. "Los promotores y el Gobierno del Partido Popular son conscientes de que la empresa se encuentra en quiebra en junio de 2014 y que debían solicitar el concurso de acreedores en dos meses", ha señalado el portavoz regionalista.

   Y ha destacado que lo que hace el Ejecutivo de Diego "desde junio del 2014 hasta las elecciones de mayo de 2015" es "mantener la empresa con exclusivos fines electoralistas, lo que perjudicó más si cabe a los trabajadores", que, según ha incidido, fueron "engañados, intimidados y coaccionados" para que, "en 36 horas" decidieran si pasaban de Teka a Ecomasa.