El sentido de la política

De todos es sabido que es propio de la oposición la crítica a la acción del Gobierno, como propio es del Gobierno explicar a los ciudadanos los resultados de esa acción y, sobretodo, trazar, en cada caso y para cada circunstancia, la hoja de ruta que propone a la sociedad.
Este debería ser el juego político, en el que es imprescindible la confrontación de ideas y proyectos. Un debate que presupone escuchar los argumentos del otro, valorarlos y enjuiciarlos, lo que, sin duda, nos remite a un plano racional de la política alejado de otras manifestaciones más próximas al mundo del espectáculo, donde vale todo para atraer la atención del público y cuyo objetivo se reduce al cambio de gestores despreciando el qué se hace y el para qué se hace. La racionalidad política, evidentemente, la entiendo al servicio del bien común, del interés general y del progreso colectivo. Por esto creo que la política es una actividad noble y elevada.
El Gobierno, ante una situación económica tan extraordinaria ha trasladado a los ciudadanos su hoja de ruta con la que pretende ayudar a la superación de la crisis. En primer lugar, esa hoja de ruta propone mantener las políticas sociales para garantizar la cohesión social, un valor fundamental. Esto se traduce en que en 2011 habrá más dinero para la dependencia, siendo la única política cuyo presupuesto crece en las actuales circunstancias dado que los compromisos europeos imponen un gran ajuste presupuestario. En segundo término, la apuesta pasa por estimular la actividad y el empleo, con planes de choque de la obra pública, incentivos al consumo (electrodomésticos, muebles, calderas, ventanas...), ayudas a la contratación de trabajadores e incremento de la formación de los desempleados. Y, en tercer lugar, plantea la necesidad de orientar la economía hacia un nuevo modelo productivo, lo que se traduce en apoyar nuevas actividades de mayor valor añadido con un esfuerzo muy importante en materia de educación y de I+D+i que ha permitido materializar trascendentales proyectos como Comillas, el Campus de Excelencia Internacional de la UC, el Parque Científico y Tecnológico, el Instituto de Biomedicina y Biotecnología, el Instituto de Hidráulica Ambiental, el Centro de Proceso de Datos del Banco Santander y los proyectos vinculados con la energía eólica marina. Y además, como ya se ha apuntado, mucha austeridad para contribuir a aliviar el endeudamiento.
Para cumplir con esta hoja de ruta, más aún teniendo en cuenta que la crisis ha provocado una caída sustancial de los ingresos, el Gobierno de nuestra región ha venido proponiendo en los últimos tiempos incrementar los impuestos a los que más capacidad económica tienen. En este sentido se ha puesto sobre la mesa el incremento del IRPF para aquellos contribuyentes que tengan una base liquidable superior a los 67.700 euros, que representan el 1Ž7% de los contribuyentes de nuestra región, pese a lo cual el PP sigue diciendo que esta reforma recaerá sobre las rentas medias y bajas. Asimismo se incrementará el impuesto de matriculación para gravar más a aquellos vehículos (excluidos los profesionales y de empresa) que más contaminan y que por sus características estamos hablando de modelos que cuestan más de 30.000 euros. Y, por último, se crea un nuevo impuesto que grava el consumo de bolsas de plástico no reutilizables o no reciclables (quedan exceptuadas las que se entregan con productos frescos o cocinados). Pagará quien no utilice bolsas reutilizables o reciclables. Así de sencillo. Si el consumidor quiere no pagará este tributo y así todos nos ahorraremos un daño al medio ambiente.
Y con relación a las tasas, en línea con la exigencia de la Unión Europea, se han incrementado para ir adecuando la tarifa de las mismas al verdadero coste del servicio. Aún así, estos servicios (agua, saneamiento, basuras) están fuertemente subvencionados por el Gobierno, por lo que el coste que no cubre la tasa hay que cubrirlo con los impuestos. Pues bien, este es el debate que se puso días atrás encima de la mesa. Una ocasión para que el PP mostrara sus argumentos y sus propuestas en esta materia. Sin embargo, en vez de debatir se dedicaron a sembrar alarma y desconfianza, llegando la irresponsabilidad del Sr. Diego a decir «que el Gobierno no tiene derecho moral a subir los impuestos» lo que equivale a una invitación a defraudar. Lamentable por sí mismo, y más penoso aún por la ausencia de ideas y propuestas que muestra el principal partido de la oposición.
Hablaron y hablaron de falta de transparencia, eso sí, con la documentación enviada por el Gobierno al que acusan de ocultar los datos. Acusaron de despilfarro y de falta de austeridad, siendo Cantabria la comunidad autónoma menos endeudada según el Banco de España. Y tras tanta descalificación gratuita, nadie les escuchó una palabra sobre su propuesta para sacar a Cantabria de la crisis y la forma de garantizar las políticas sociales(la sanidad, la educación, la dependencia...) en un escenario de fuerte caída de los ingresos y sin poder endeudarse más.
El PP ha puesto todo su empeño en generar el suficiente ruido y crispación para escapar del debate de lo importante y trascendente para los ciudadanos. Todos sus esfuerzos parecen dirigidos a generar alarma, desasosiego y desconfianza ocultando, de paso, sus planes de los que algo hemos podido saber recientemente de boca del Sr. Rajoy y que apuntan a recortes en las políticas sociales y en los derechos. ¿Dónde quedan las ideas y los proyectos de futuro que puedan dar sentido a un mundo social y económico sometido a tan enormes transformaciones? ¿Dónde queda la política como instrumento de cambio social?¿Piensa el PP que para hacerse con el poder es suficiente con desacreditar y descalificar todo lo que hace el Gobierno? En un momento como este, en el que los ciudadanos esperan respuestas del lado de la política, lo que no puede ser es que el PP huya del debate, porque con esta actitud devalúa la democracia al hurtar a los ciudadanos el derecho a conocer las propuestas de cada cual para atajar los problemas del presente y preparar el futuro.