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Sanidad Cantabria 02-04-2018 21:00

El Gobierno descuenta 1,4 millones a Ferrovial por incumplimiento de estandares de calidad en Valdecilla

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha cifrado en 1,4 millones de euros las deducciones realizadas hasta febrero a la empresa adjudicataria del contrato de colaboración público privada (CPP) del Hospital Valdecilla, Ferrovial-Siec, por incumplimiento de los estandares de calidad contemplados en el mismo.

   La consejera ha realizado estas afirmaciones en el Pleno del Parlamento, en su respuesta a una pregunta de Podemos sobre la posibilidad de llevar el CPP a la Fiscalía tras la imputación del exgerente de Valdecilla César Pascual, como alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por presunta prevaricación en la adjudicación del contrato de ambulancias a una empresa del grupo Ferrovial. "No lo encontramos justificado", ha respondido Real.

   La titular de Sanidad ha relatado todas las gestiones que se han realizado desde el Gobierno para exigir a la adjudicataria del contrato su "escrupuloso cumplimiento". Así, ha explicado que el Consejo de Estado ha resuelto a favor del Gobierno de Cantabria en dos discrepancias de interpretación del CPP, de forma que la empresa tendrá que hacerse cargo del mantenimiento del robot Da Vinci, con un coste de unos 166.000 euros al año, y del transporte no clínico, por dos millones de euros.

   Asimismo, Real ha relatado que se encargó una auditoría de las obrsa de la tercera fase y que se exigió a la empresa que solucionase las deficiencias detectadas, a la vez que se le ha "penalizado" con otros 97.500 euros por las que no son subsanables.

   La consejera de Sanidad ha explicado en el Pleno del Parlamento de este lunes, que estas actuaciones son resultado del "seguimiento estricto" que el Gobierno está realizando del contrato, una vez que los servicios jurídicos han dictaminado que el CPP es "legal", "lo que no es sinónimo de irreprochable, justo, ético o lícito", ha puntualizado

   Real ha reiterado la oposición del Gobierno PRC-PSOE al contrato, que adjudicó el Gobierno del PP en la anterior legislatura, pero ha reiterado que dada su complejidad -incluye obra, equipamiento y servicios-, su duración -20 años- y su montante -"900 millones", es "imposible asumir unilateralmente su reversión".

  IMPUTACIÓN DE CESAR PASCUAL EN MADRID

   La consejera ha realizado estas afirmaciones en su respuesta a una pregunta de Podemos sobre la imputación del exgerente de Valdecilla César Pascual, como alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por presunta prevaricación en la adjudicación del contrato de ambulancias a una empresa del grupo Ferrovial.

   El diputado morado Alberto Bolado ha dicho que Pascual fue "el principal urdidor" de la adjudicación de las obras de Valdecilla, y "si ha hecho lo que presuntamente ha hecho en Madrid, es verosímil que aquí haya hecho lo mismo".

  SUBFLUVIAL DE SANTOÑA

   Por otro lado, la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha señalado en respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, sobre la paralización de las obras del subfluvial de Santoña, que no ha recibido nueva inforamación del Ministerio después de la reunión que mantuvo en Madrid, en la que el MAPAMA pidió "tiempo para analizar y valorar" el informe encargado para valorar las alternativas.

   "Volveré a trasladar al Ministerio si tiene ya el informe", ha dicho Díaz Tezanos, quien ha vuelto a defender la necesidad de que las obras se reanuden cuanto antes porque son unas obras "muy urgentes", una obra declarada de interés general "hace más de 20 años, por el Gobierno de Felipe González, y todavía estamos como estamos", ha criticado.

  1,5% CULTURAL

   Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, ha vuelto a acusar al Ministerio de Fomento de "deslealtad institucional" por dejar al Gobierno de Cantabria "fuera" de la convocatoria del 1,5% Cultural para completar la rehabilitación de la iglesia del Seminario Mayor de Comillas, por una decisión "arbitraria" que ha causado a la comunidad autónoma "indefensión y un daño irreparable", ha dicho.

   En respuesta a una pregunta del PP, que quería saber qué departamento del Gobierno fue el responsable de presentar "mal" la solicitud por no enviarla por vía telemática, Sota ha dicho que se presentó "en tiempo y forma" en el registro postal del Ministerio, "un canal permitido" por la Ley de Procedimiento Administrativo, que además contempla la posibilidad de "poder enmendar el error", pero el Ministerio "no dio esa posibilidad y no ha contestado al recurso" que ha presentado el Gobierno regional.

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