Cantabria pide a Sanchez "responsabilidad y control" antes de plantear repartos de menores tras la crisis de Ceuta

La consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río (PP), ha exigido al Ejecutivo central (PSOE-Sumar) "responsabilidad, transparencia y control" en materia de migración antes de plantear nuevos repartos de menores tras la crisis en Ceuta.

Así lo ha manifestado este miércoles en un comunicado remitido a Europa Press, después de que tanto el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, como el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hayan apelado a la "solidaridad" de las comunidades autónomas para su acogida y hayan incidido en que así lo marca la ley.

Al respecto, Gómez del Río ha considerado que no se puede hablar de reparto de menores "sin garantizar previamente la integridad territorial de España" y "sin conocer la dimensión real de la crisis en Ceuta": cuántas personas han entrado, cuántos son menores y cuál es su situación familiar y administrativa.

"La solidaridad no puede utilizarse para ocultar la irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y sustituir las obligaciones de su Ejecutivo", ha señalado la consejera cántabra.

De este modo, aunque ha apuntado a que las comunidades autónomas "siempre responderán desde la lealtad institucional", ha sostenido que la solidaridad "exige que cada administración cumpla primero con sus obligaciones".

"El Gobierno español no puede utilizar a las comunidades autónomas como solución permanente a los problemas que él mismo no ha sabido evitar", ha insistido la titular de Inclusión Social, quien ha defendido que Cantabria "nunca" ha eludido sus obligaciones y ha asumido la acogida de los menores asignados por el Gobierno central.

Sin embargo, ha indicado que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga ya ha manifestado que la capacidad de acogida de la región "se encuentra sobrepasada desde hace tiempo" y ha advertido que el sistema actual "no puede asumir una mayor presión".

"Cantabria seguirá cumpliendo la ley, lo que en ningún caso impide recurrir las decisiones y resoluciones arbitrarias del Gobierno de España y exigir planificación, financiación y garantías como se ha venido haciendo hasta ahora", ha precisado Gómez del Río.

Ante esta situación, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico seguirá defendiendo su posición mediante "todos los instrumentos legales que le ampara el Estado de Derecho", como ha venido haciendo hasta ahora a través de la presentación de distintos recursos.

"No compartimos las decisiones impuestas por el Ejecutivo nacional y continuaremos acudiendo a los tribunales", ha añadido al respecto.

RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA

En este contexto, Cantabria ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe con "responsabilidad y transparencia" ante la situación migratoria que afecta especialmente a Ceuta, Melilla, Canarias y otras comunidades autónomas, y ha advertido que "no puede plantearse" ningún reparto de menores migrantes sin que previamente se haya completado su identificación individual y se conozca con exactitud su situación real.

"No se puede repartir lo que ni siquiera se ha sido capaz de identificar", ha enfatizado Gómez del Río, por lo que ha exigido al Ejecutivo central que informe con "claridad".

Y ha instado al Ejecutivo español a que, antes de abordar cualquier traslado de menores, proceda a la identificación individual de todos ellos conforme a la ley, explicar las medidas que va a adoptar para garantizar el control de las fronteras y evitar nuevas entradas masivas, así como asumir plenamente las responsabilidades que le corresponden como Administración competente en materia migratoria.

PLANIFICACIÓN Y DEFENSA DEL MENOR

Además, Gómez del Río ha señalado que Cantabria "siempre" ha reclamado una planificación y que rechaza lo que considera "una política basada en un reparto improvisado de menores".

Así, defiende que cualquier actuación debe comenzar por "el control efectivo de las fronteras, la identificación de los menores y la máxima transparencia sobre la situación existente".

La consejera ha insistido en que si el Gobierno de España "quiere" proteger a los menores y defender el interés superior del menor, ha de identificar a cada joven, determinar su edad, verificar su identidad, localizar a su familia cuando sea posible y valorar individualmente la solución legal más adecuada para garantizar sus derechos.

En este sentido, ha advertido que "convertir a los menores en un instrumento de confrontación política perjudica precisamente a quienes necesitan una mayor protección" y ha sostenido que el cumplimiento de la ley "ofrece mayores garantías que cualquier medida improvisada".

"Cantabria defiende que no puede existir una protección real sin una identificación previa y rigurosa, ya que este procedimiento permite proteger a los menores que realmente lo son y, al mismo tiempo, combatir posibles fraudes que puedan poner en riesgo el sistema de protección", ha reclamado la también titular de Juventud.

Por ello, ha considerado "imprescindible" la actuación de la Fiscalía y ha indicado que la prioridad debe ser, siempre que la legislación lo permita y atendiendo al interés superior del menor, "la reunificación con su familia o su integración en el sistema de protección de su país de origen".

Por último, Gómez del Río ha afirmado que el Gobierno cántabro defiende que una política migratoria "eficaz debe centrarse en combatir las redes de tráfico de personas, reforzar el control de las fronteras, cooperar con los países de origen y promover vías legales de inmigración, actuando sobre las causas que originan los flujos migratorios irregulares y no únicamente sobre sus consecuencias", ha concluido.