Cantabria ve "arbitraria" la cifra de 194 menores migrantes a acoger y censura el reparto "forzoso"

El Gobierno de Cantabria considera "arbitraria" la cifra de 194 plazas para acoger a menores extranjeros no acompañados en la región, cifra que ha "decidido" el Ejecutivo central de forma "unilateral" y en el marco de un reparto "forzoso" hecho "a espaldas" de las comunidades autónomas y del que se ha excluido a dos: Cataluña y País Vasco.

Con estas palabras, la consejera cántabra de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río (PP), ha criticado la capacidad de los sistemas de acogida cifrada por el Estado, al que ha avisado: "La protección de estos menores no se puede hacer si se les trata como mercancía. No se puede hacer una protección de menores adecuada tratando de acumularlos, de apilarlos en edificios".

En declaraciones remitidas a los medios, la titular de la Consejería ha rechazado el reparto acordado por el Gobierno de España, que ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España, y en el caso de Cantabria en un total de 194.

"El problema es que nadie nos ha explicado cómo se ha calculado esta cifra", ha señalado Gómez del Río, que ha remarcado al respecto que el sistema cántabro de protección cuenta en la actualidad con 220 plazas, es decir, que restando las previstas para menores migrantes no acompañados quedarían libres 26.

A su juicio, "no se puede fijar una cifra arbitraria, y menos aún hacerlo a espaldas de las comunidades autónomas y excluyendo de un traslado de menores a determinadas" regiones, la catalana y la vasca en este caso.

Y tras censurar la "improvisación, falta de diálogo y de planificación" en la que, en su opinión, ha incurrido la administración central, la consejera ha reiterado la disposición de Cantabria a "ser solidarios entre territorios", puntualizando eso sí que "una cosa es la solidaridad y otra cosa es la imposición".

Por eso, desde el Ejecutivo que preside la `popular` María José Sáenz de Buruaga abogan por que "cese de inmediato" este traslado de menores no acompañados entre comunidades, que a sus ojos es un "intento de imponer de forma unilateral un reparto forzoso".

En Cantabria, ha afirmado Gómez del Río para finalizar, "queremos garantizar la protección de estos menores", pero como ha matizado no desde una "improvisación" que refleja -ha dicho- que el Gobierno de Sánchez "no se está preocupando por la protección de los menores".