La AF pide a García Ortiz abstenerse de proponer al fiscal que fijará criterio sobre el delito por el que le investigan

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, ha instado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a abstenerse de participar en la propuesta de nombramiento para cubrir la nueva plaza de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, ya que tendrá que fijar criterio --entre otros-- sobre el delito de revelación de secretos por el que se investiga al jefe del Ministerio Público.

Así se ha manifestado la AF en una carta dirigida a García Ortiz la víspera de que se celebre el Pleno de Consejo Fiscal donde está previsto que se proponga candidato de entre los seis aspirantes a la plaza, entre ellos el fiscal del Tribunal Supremo (TS) Álvaro Redondo; el fiscal del Tribunal de Cuentas (TCu) Carlos Castresana; la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell; y la fiscal decana de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, Virna Alonso Fernández.

En la misiva, recogida por Europa Press, la AF reclama a García Ortiz que "no haga propuesta alguna de nombramiento para la plaza de fiscal de sala de delitos contra la administración pública, con el fin de que no comprometa más la imagen de la institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad".

No obstante, se muestra consciente de que tal propuesta solo puede partir del fiscal general del Estado, por lo que la AF ve "inevitable" eliminar este punto orden del día del Pleno del Consejo Fiscal previsto para el martes a fin de "contribuir a la mayor credibilidad" de la institución.

La asociación considera que García Ortiz tiene "un interés personal" en la provisión de este puesto porque a su titular le corresponderá intervenir en la causa abierta en el TS contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Es evidente que la persona que formalmente sea propuesta, puede adoptar, en el desarrollo de sus funciones, decisiones interpretativas, entre otros, del delito de revelación de secretos, en la medida en que las decisiones y opiniones que proceden de las áreas especializadas de la Fiscalía, sin constituir doctrina de la Fiscalía General del Estado, ni considerarse jurídicamente vinculantes, sirven de guía de actuación del conjunto de quienes integramos la carrera fiscal", ha indicado la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.

Y ello, ha añadido, "sin olvidar que entre la materia que deberá atender se incluye, en principio, el delito de revelación de secretos por el que está siendo investigado el fiscal general del Estado".

"Desde la necesaria neutralidad que deben mantener las instituciones no parece en modo alguno adecuado que el fiscal general del Estado, investigado, haga la propuesta de nombramiento de esta plaza. No resulta ni ético ni estético", opina Dexeus.