El TC ampara a Piélagos en el litigio por 25 viviendas de Liencres y anula la decisión del TSJC que le impedía recurrir

El alto tribunal considera que esta decisión vulneró el derecho de la Corporación municipal a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos.

La sentencia, dictada por la Sala Segunda el pasado 5 de octubre y publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), declara la nulidad del auto del 7 de abril de 2025 y de la providencia del 2 de mayo del mismo año, ambos del TSJC. Además, ordena retrotraer las actuaciones para que la sección de casación del tribunal cántabro dicte una nueva resolución que respete el derecho fundamental vulnerado.

Sin embargo, la decisión no resuelve la controversia urbanística de fondo ni deja sin efecto la sentencia de noviembre de 2000 que declaró nulas las licencias y ordenó las demoliciones. Lo que establece es que el Ayuntamiento de Piélagos tiene derecho a que su recurso de casación autonómico sea tramitado conforme a las garantías legales.

En consecuencia, devuelve las actuaciones al momento anterior al auto de abril de 2025 para que la sección de casación del TSJC emita una nueva resolución "respetuosa con el derecho fundamental reconocido".

El origen del procedimiento se remonta a una sentencia del propio Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de noviembre de 2000, que estimó un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) contra varias licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento de Piélagos en Liencres.

Las autorizaciones permitían construir tres viviendas unifamiliares en una primera fase, otras cuatro en una segunda y 18 viviendas en una parcela diferente de la misma unidad de ejecución. Aquella resolución judicial declaró nulas las licencias y condenó a la demolición de lo indebidamente edificado.

El 25 de enero de 2024, el Ayuntamiento de Piélagos promovió un incidente de inejecución de sentencia al considerar que existía una imposibilidad jurídica para llevar a cabo el derribo, apoyándose en la normativa urbanística autonómica aprobada en 2022.

Inicialmente, el TSJC lo inadmitió mediante un auto de febrero de 2024, al apreciar un abuso manifiesto del derecho y de la buena fe procesal por parte del Consistorio. Sin embargo, tras el recurso de reposición municipal, el tribunal estimó parcialmente las alegaciones en diciembre de ese año, dejó sin efecto la inadmisibilidad del incidente, la declaración de abuso de derecho y el requerimiento acordado, desestimando la pretensión de inejecución de la sentencia por imposibilidad legal formulada por la administración municipal.

Posteriormente, en febrero de 2025, el TSJC aclaró que su resolución abordaba una cuestión nueva que no había sido tratada en la sentencia original: la interpretación de la nueva normativa urbanística y su incidencia en la ejecución. Por este motivo, señaló que cabía interponer un recurso de casación estatal. El Ayuntamiento presentó el 19 de marzo un escrito para preparar un recurso de casación por infracción de normativa autonómica, pero la Sala denegó su tramitación el 7 de abril.

El motivo alegado por el tribunal cántabro fue la imposibilidad de constituir la sección de casación autonómica, que debía estar integrada por cinco magistrados. Según explicó, la Sala de lo Contencioso-Administrativo contaba con su presidente y tres magistrados, uno de ellos de baja, y los tres miembros que permanecían activos habían participado en la resolución recurrida. Por ello, entendió que no podía completar la composición de la sección mediante las reglas generales de sustitución, al considerar que debía garantizarse la imparcialidad judicial.

El Ayuntamiento recurrió esta decisión al entender que se estaba cerrando el acceso a un recurso previsto legalmente por motivos organizativos ajenos a los requisitos procesales.

Tras la negativa del TSJC a tramitar su recurso de reposición, el Consistorio acudió al Tribunal Constitucional el 10 de junio de 2025. En sus alegaciones, sostuvo que la falta de magistrados no constituía una causa legal para inadmitir la casación autonómica y que esta situación podía generar diferencias en el acceso a la justicia dependiendo del territorio. La Fiscalía también interesó la estimación parcial del amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

En su resolución, el Constitucional recuerda que el recurso de casación autonómico, regulado en el artículo 86.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tiene como finalidad garantizar la correcta interpretación y aplicación de las normas propias de cada comunidad autónoma.

Asimismo, subraya que esta modalidad constituye un recurso paralelo al previsto ante el Tribunal Supremo para las infracciones del Derecho estatal o de la Unión Europea.

El tribunal considera que las dificultades organizativas o la insuficiencia de medios personales de un órgano judicial no pueden convertirse, por sí solas, en un motivo legítimo para impedir el acceso a un recurso establecido por el legislador.

Por ello, el alto tribunal concluye que el TSJC introdujo una causa de inadmisión que no estaba prevista legalmente y que, al hacerlo, excluyó en la práctica la posibilidad de acceder a la casación autonómica en Cantabria.

La sentencia estima así el recurso de amparo, declara vulnerado el artículo 24.1 de la Constitución y anula las dos resoluciones impugnadas.