La Fiscalía conmina a 15 ayuntamientos cántabros a retirar calles y símbolos franquistas y se estudian más denuncias

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

Las asociaciones memorialistas de Cantabria han denunciado a 15 ayuntamientos de la región por incumplir la Ley de Memoria Democrática ante la Fiscalía, que se ha dirigido a estos consistorios para pedirles explicaciones y conminarles a la retirada de nombres de calles, monumentos y símbolos franquistas, que suman más de 20 entre todos ellos.

Se trata de un "segundo paso" dado por estos colectivos, tras el primero que desembocó en el cambio del callejero de Santander y que "todavía no se ha terminado pero va muy avanzado", y al que podría sumarse un tercer paso, ya que estudian más denuncias a otros municipios en los que hay "indicios" del franquismo.

Lo han explicado así en rueda de prensa este jueves los portavoces de las asociaciones Archivo, Guerra y Exilio (AGE), Marisol González; Desmemoriados, Javier Merino; Colectivo Memoria de Laredo, Fernando Lobato; y Héroes de la República y la Libertad, Jorge Suárez, que se han mostrado "sorprendidos" por la reacción de algunos alcaldes a la denuncia e instancia del ministerio público y han avisado que no es algo "optativo", sino que se trata de cumplir la ley y una cuestión de "justicia" además.

En concreto, han denunciado la presencia de nombres de calles y plazas, símbolos y monumentos de la dictadura de Franco en Selaya, Santoña, Comillas, San Roque de Riomiera, Piélagos, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Colindres, Camargo, Potes, Corvera de Toranzo, Medio Cudeyo, Bárcena de Pie de Cicero, Villacarriedo y Suances, que ha acometido cambios pero tiene que actualizarlos en sus portales.

Tras la denuncia, el fiscal de Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, ha instado a los regidores de estos ayuntamientos a que revisen si en sus respectivos municipios se está cumpliendo la ley. Y ante este requerimiento, los portavoces de las asociaciones han mostrado su sorpresa por las respuestas de algunos alcaldes.

Han tenido conocimiento de las mismas a través de los medios de comunicación y, según han dicho, han llegado a contestar que "no tienen constancia" de que se esté incumpliendo la normativa, pese a ser "palmario y evidente" la presencia de monumentos franquistas en sus municipios, como es el caso de Oruña en Piélagos, han apuntado.

Otros -los de Selaya y Santoña- han contestado que lo consultarán con sus letrados -"allá ellos con sus letrados", han expresado los portavoces de las asociaciones-, en tanto que el de San Roque -y según han aseverado- hará lo propio pero con los vecinos del pueblo, como "si fuese optativo" cumplir la ley. Los denunciantes avisan que estas actitudes podrían desembocar en "insubordinaciones".

También han rechazado respuestas de "sorpresa" cuando se cumple medio siglo de la muerte de Franco y 18 de la aprobación de la primera ley.

No obstante, los representantes de los colectivos memorialistas de la región han coincidido en que, en general, la mayoría de los alcaldes de los ayuntamientos denunciados se han mostrado de acuerdo con la retirada de nombres, monumentos y símbolos franquistas.