La jueza decreta la apertura de juicio oral por la trama de Obras en Cantabria

SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Santander ha dictado el auto por el que decreta la apertura de juicio oral por la trama de Obras Públicas en Cantabria, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Estaba previsto que el juicio se celebrara con tribunal del jurado en la Audiencia Provincial, que tendrá que señalar la fecha de la vista oral y, al inicio de las misma, las partes ratificarán la conformidad a la que los investigados llegaron la semana pasada con el fiscal, tras reconocer los hechos.

Los seis procesados por la supuesta adjudicación irregular de contratos de Carreteras por parte de un funcionario de la Consejería a varios empresarios del sector en la región lo admitieron y pactaron con el ministerio público una rebaja de penas por los delitos que les imputan, de hasta siete años y un día de cárcel para el empleado público.

El principal encausado, y considerado cabecilla de la trama, también será condenado a nueve años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público, y al pago de una multa cercana al millón de euros, como responsable de delitos de fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

El procesado, Miguel Ángel D.B., estuvo en prisión provisional durante seis meses tras destaparse esta causa, en febrero de 2023, y fue apartado de su puesto en la Consejería, donde era jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas en la etapa de los hechos. Inicialmente, se le atribuía también prevaricación, y se podría enfrentar hasta seis años de cárcel por cada uno de los delitos.

RESTO DE IMPUTADOS

Al resto de implicados les impondrán penas de entre uno y dos años de prisión, al tenerse en cuenta para todos ellos las atenuantes de confesión y reparación del daño, tras reconocer los investigados los hechos imputados y consignar las cantidades exigidas por la parte perjudicada, el Gobierno de Cantabria (que ejerce la acusación particular), para reparar en su "integridad" el daño económico causado.

Ha sido cifrado en más de 1,6 millones de euros por la adjudicación irregular de diferentes obras (como los puentes de Somo y Pontejos o la pasarela de Solvay, entre otras), cuantía que en concepto de responsabilidad civil deberán abonar los acusados y de la que más de la mitad (749.648 euros) corresponde al funcionario.

En cuanto al resto de implicados, la esposa del cabecilla será condenada a un año y un día de prisión y al pago de casi medio millón (478.513 euros) por blanqueo de capitales en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil.

Asimismo, las defensas pactaron con las acusaciones dos años de cárcel por fraude en la contratación y cohecho para los demás investigados que continuaban imputados en la recta final de la instrucción.

Se trata del apoderado de API Movilidad e IMESAPI, el administrador de CANNOR y La Encina (Centro de Jardinería y Gestión Inmobiliaria), el administrador de RUCECAN y el apoderado y socio de esta última empresa.

También deberán pagar una multa de 1.800 euros y serán inhabilitados para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad social por un plazo total de cuatro años.

Tras una vista anterior, la magistrada de Instrucción 5 encargada de las pesquisas sobreseyó la causa respecto de la mercantil Servicios y Obras del Norte (SENOR), de su representante y de un trabajador de API Movilidad, y una de las hijas del matrimonio acusado dejó de ser considerada investigada y figuraba como partícipe a título lucrativo, al igual que ha ocurrido con la otra.

SE CONCERTÓ CON EMPRESARIOS DURANTE AÑOS Y ADULTERÓ PROCEDIMIENTOS

Según el escrito de conformidad, el funcionario, "prevaliéndose" de esta condición en el Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, "se concertó a lo largo de muchos años en múltiples expedientes de contratación de obras con empresarios del sector para favorecerles en la adjudicación de los mismos a cambio de ilícitas remuneraciones como contraprestación a sus servicios irregulares".

Así, aprovechando todas las "posibilidades" que le ofrecía el desempeño de su puesto y "quebrantando toda la probidad exigible a su condición funcionarial y vulnerando los principios informadores de su menester (respecto a la neutralidad, objetividad, fomento de la libre concurrencia y protección del interés público), se dedicó a adulterar sistemáticamente los procedimientos de contratación del servicio de carreteras autonómicas mediante diferentes conductas" con las que causó "un grave quebranto en los intereses económicos" del Gobierno de Cantabria.

La investigación realizada y dirigida desde el Juzgado 5 de Santander ha constatado "prácticas corruptas" en siete expedientes relativos a otras tantas obras en carreteras e infraestructuras de la comunidad, como reparaciones puntuales de la capa de rodadura en diferentes vías autonómicas, dependientes de la Consejería, el proyecto de conservación, mantenimiento estructural y mejora de la seguridad vial del puente sobre la ría de Cubas (puente de Somo), o la ejecución de una senda ciclable en la carretera CA-131 entre Barreda y La Revilla, en el puente de La Barca (pasarela Solvay).

También en la limpieza de sedimentos bajo estructuras, puentes y otros elementos estructurales en cauces públicos; conservación y mantenimiento de los elementos funcionales urbanos; el mantenimiento, conservación y limpieza de cunetas y cauces de desagüe del agua pluvial de escorrentía en carreteras dependientes del Ejecutivo regional y el denominado puente de Pontejos, "si bien la actuación y el perjuicio abarcan un número mucho mayor de expedientes de contratación a lo largo del tiempo", apunta el escrito de conformidad que deberá ratificarse en el juicio oral.

En ese documento, al que tuvo acceso esta agencia, las partes convinieron en que "el conciliábulo para dirigir el proceso de contratación de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Cantabria estaba formado" por los empresarios investigados que han reconocido los hechos y el funcionario, que "adoptó las decisiones oportunas (elaboración de pliegos, propuestas de adjudicación, informes de puntuación de ofertas, informes sobre ofertas temerarias) de forma arbitraria y perversa, teniendo plena consciencia" de sus acciones, "todas ellas orientadas a una contratación irregular e ilícita y con una influencia determinante en las mismas".

"Todo el proceso descrito obedecía a un interés económico recíproco: por una parte, las empresas obtenían contratos de la administración de forma reiterada, engordando con su margen empresarial de beneficios su cuenta de resultados y por otra el funcionario recibía cuantiosas remuneraciones, dádivas y favores por su incorrecto proceder", se señala en el escrito, en el que se apunta que dichos pagos, atendiendo al "desproporcionado patrimonio acumulado" por el acusado y su familia (esposa y dos hijas) "han ido discurriendo a lo largo de los años, sin poderse acreditar con certeza el montante total ni la forma de llevarse a cabo".

Sin embargo, resultan "incuestionables" hechos como el hallazgo de 529.000 euros en metálico en el domicilio del funcionario así como "una máquina para contar billetes, que delatan la percepción habitual de pagos en metálico derivados de las comisiones ilegales". También, que "simuló la realización de una actividad mercantil ficticia, para aparentar la generación de ingresos legales", diversos pagos realizados por los empresarios investigados y que "ideó fórmulas de pago encubiertas" y "numerosos" de ellos "en especie", así como que "solicitó y obtuvo numerosos regalos y favores".