Los okupas en Cantabria podrán ser desalojados por la Policía Local y no podrán optar a ayudas de vivienda

Los okupas en Cantabria podrán ser desalojados por agentes de la Policía Local y no podrán optar a ninguna ayuda o programa público de vivienda durante cinco años, según establece el anteproyecto de la ley autonómica de vivienda elaborado por el Gobierno regional (PP).

Además, el anteproyecto de la norma --que se publicará este viernes 30 en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) con posibilidad de presentar alegaciones hasta el 30 de junio-- prevé la puesta en marcha "de forma inmediata" de la Oficina de Apoyo a Víctimas de Okupación e Inquiokupación.

La norma también establece que las entidades locales deberán tener censos actualizados de viviendas en riesgo de ocupación y diseñar medidas preventivas en coordinación con el Gobierno regional.

Así lo ha dado a conocer este jueves, en rueda de prensa, el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), que ha afirmado que la ley que plantea "sobre todo, va a defender a los propietarios por encima de los okupas, algo que no ocurre con la ley nacional que no ha solucionado ninguno de los problemas que tiene el mercado".

Esta norma, una de las más "esenciales" de esta legislatura según Media, busca abordar de forma "integral" la problemática de la vivienda en la comunidad autónoma.

Para facilitar el acceso, se recupera la promoción de viviendas a precios tasados, que abrirá la posibilidad de optar a una vivienda protegida a sectores de población que ahora mismo no pueden hacerlo por sobrepasar los niveles de renta establecidos pero que "sin embargo, tienen serias dificultades" para hacerse con una en el mercado libre.

También se habilitará como personas usuarias de vivienda protegida en alquiler a profesionales de servicios básicos, que podrán ser partícipes de los programas de vivienda rural protegida.

Por otro lado, fija multas de hasta 90.000 euros para quien destine una vivienda protegida a alquiler turístico.

También se constituirá un registro autonómico unificado para la gestión de la demanda de viviendas protegidas, la oferta de viviendas disponibles y el inventario de suelo destinado a vivienda protegida.

Además, se crea la figura de `Vivienda Rural Protegida` y un Plan de Vivienda Rural para dinamizar territorios afectados por la despoblación y el envejecimiento a través de incentivos económicos, cesión de suelos y fiscalidad favorable.

En otro orden de cosas, la ley prevé programas de incentivos para aquellos propietarios de vivienda vacía que la saquen al mercado. Así, podrán acceder a ayudas para el pago de las cuotas de la comunidad y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Además, la ley establecerá que "la renta a pagar al propietario se fijará de acuerdo a los precios de mercado y no al Índice de Referencia dictado por el Ministerio de Vivienda" porque, a juicio del Gobierno, está "completamente desfasado".

También en la norma se impulsan modalidades alternativas de acceso a la vivienda, como el coliving y el cohousing.