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Santander 23-09-2026 13:30

El juzgado levanta las cautelares y el arco de Faro Santander seguirá por el momento cerrado al tráfico

El titular de la Plaza n.º 2 de la Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia de Santander ha estimado la solicitud del Ayuntamiento de Santander (PP) y ha decidido revocar la medida cautelar solicitada por Izquierda Unida que adoptó el pasado 2 de septiembre y que acordaba la reapertura provisional al tráfico rodado del vial bajo el arco de Faro Santander.

En un auto dado a conocer este miércoles, el magistrado ha explicado que el acuerdo municipal del pasado 7 de septiembre "modifica el uso del vial, para pasar a ser compartido/restringido, cesando, en consecuencia, el cierre definitivo denunciado y que se interesaba evitar con la medida cautelar".

"La medida cautelar se ve afectada por este nuevo acto y deja de tener la finalidad por la que se acordó", ha añadido.

No obstante, ha subrayado que se trata de una medida provisional, "sin perjuicio de lo que se decida en el procedimiento principal" acerca de la legalidad de la actuación municipal y el cambio de uso del vial, ya que en este incidente cautelar el magistrado no ha entrado en el fondo del asunto.

En su resolución, el titular de la Plaza n.º 2 ha detallado que la medida cautelar adoptada se fundamentó en la existencia de una vía de hecho alegada por la demandante, Izquierda Unida de Santander, ya que el Ayuntamiento "no había acreditado con la evidencia indicada y a los efectos de la medida cautelar que no se daba" la misma.

Sin embargo, el acuerdo del 7 de septiembre, que "sí que supone la reapertura de la vía al tráfico rodado, desapareciendo la situación de cierre definitivo de la zona que se denunciaba en la petición de la medida cautelar", es "una nueva circunstancia" que permite revocar la decisión inicialmente adoptada.

Para el magistrado, el acuerdo municipal "está dotado de apariencia de legalidad", si bien reitera que "esta argumentación se ciñe a la medida cautelar, no al fondo del procedimiento", que deberá resolver en el futuro.

"Ya no existe ese cierre definitivo al tráfico rodado denunciado por la parte demandante, sino que existe una nueva regulación del uso del vial público que permite la circulación de vehículos, debiendo ser en el procedimiento principal donde se analice la existencia de la vía de hecho denunciada inicialmente y las consecuencias que quepa dar a la misma", ha informado.

Así, ha añadido que será en ese procedimiento donde también se estudie "la eventual legalidad del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander el 7 de septiembre caso de que se estime la pretensión de la parte demandante de que se amplíe el recurso contencioso-administrativo a esta resolución expresa".

Es por ello que no procede ahora "hacer el control de la resolución indicada ni determinar el concreto alcance de la misma, más allá de que esta permite el acceso rodado por la zona, que era la pretensión interesada".

IU CELEBRA QUE EL JUEZ DESCARTE EL CIERRE DEFINITIVO.

El concejal de IU en el Ayuntamiento, Keruin Martínez, ha valorado el auto que levanta las medidas cautelares como una "victoria inicial" para los vecinos del ensanche y de la ladera sur, "en la búsqueda de recuperar una accesibilidad que consideran esencial para su día a día".

"El juez en ningún momento desdice aquello que ya ha establecido en el primer auto. Sencillamente viene a reconocer que el acuerdo a posteriori adoptado por el Ayuntamiento en una Junta de Gobierno Local merece la consideración para levantar esas cautelares", ha apostillado.

Y es que, según Martínez, el acuerdo reconoce que no hay un cierre definitivo de la vía y que se mantiene su capacidad o su posibilidad de circulación.

Así, ha opinado que el propio Ayuntamiento ha admitido en la Junta de Gobierno Local que el vial permite tráfico rodado y que "no hay nada más allá que su voluntad que impida el paso, y que no está cerrado de manera permanente, algo que hasta ahora negaba".

"Lo que la alcaldesa (Gema Igual) sigue sin responder es por qué los expedientes que avalan su cambio han aparecido en las últimas semanas y no antes y durante las obras que ha procedido al cambio de vía", ha matizado.

Martínez ha señalado que el auto deja claro que el Ayuntamiento "ha tenido que cambiar a posteriori las condiciones que había impuesto sin procedimiento previo, cuando pretendía cerrar por completo, sin cobertura legal y sin alternativas el paso bajo el arco".

Y añadido que el acuerdo aprobado por el equipo de Gobierno, que está impugnado y cuya legalidad está pendiente de análisis en el procedimiento principal, demuestra que "ha tenido que reaccionar a toda prisa, movilizando a todos los servicios municipales, para intentar dar cobertura legal a una actuación material ya ejecutada sin los permisos y estudios previos requeridos".

"El cierre definitivo que el PP intentó consolidar ya no existe y ahora es el propio Ayuntamiento quien admite que el vial puede ser utilizado por vehículos", ha afirmado Martínez, en referencia a los expedientes aportados por el equipo de Gema Igual "para intentar salvar la situación creada por su falta de planificación".

En esta misma línea, el edil ha destacado que esa falta de planificación "quedó patente desde el primer momento", cuando, "ante las críticas vecinales y la evidencia de los problemas de accesibilidad", el Ayuntamiento anunció que permitiría únicamente el paso de vehículos de emergencia bajo el arco.

"Esa no era la intención inicial y demuestra que el cierre se impuso sin valorar las consecuencias reales para los vecinos, que dependen de ese acceso para garantizar su seguridad en una urgencia sanitaria o en un incendio, y sin los estudios previos de alternativas", ha lamentado.

Y es que, en su opinión, este reconocimiento posterior ha confirmado que el cierre no respondía a criterios técnicos, "sino a una decisión política adoptada sin alternativas".

IU ha recordado que la cuestión de fondo sigue avanzando y que cada vez son más los afectados que se suman a la causa.

"La admisión a trámite del recurso presentado por una comunidad de propietarios del entorno del Faro Santander confirma que la preocupación por esta actuación no es aislada ni partidista, sino compartida por los vecinos que han visto mermada su accesibilidad y su seguridad", ha señalado Martínez, que ha adelantado que hay más colectivos interesados en personarse en el procedimiento, y que mantiene un diálogo constante con los afectados.

 

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