Se enfrenta a cuatro años de prisión por tener una plantación de marihuana en un vivienda alquilada en Bárcena de Cicero

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía solicita una pena de prisión de cuatro años para una acusada de mantener una plantación interior de marihuana en una vivienda que tenía alquilada en Bárcena de Cicero, a la que se le imputan un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Según el escrito del ministerio público, en un registro en el domicilio se encontraron 159 platillas de MDMA, diez setas alucinógenas, medio millar de plantas de marihuana y numerosos utensilios destinados a su cultivo.

En total, fueron casi cuatro kilos de cannabis y 660 gramos de hojas de plantas. La marihuana intervenida está valorada en 12.162 euros y el MDMA, en 1.625.

Añade la Fiscalía que, para mantener esa plantación, la acusada realizó una conexión fraudulenta a la red eléctrica con un consumo de 19731 kilovatios/hora que no abonó a la distribuidora.

Los hechos constituyen, a juicio del ministerio público, un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y un delito de defraudación de fluido eléctrico, merecedores de una pena de cuatro años de prisión y 16.080 euros de multa.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzgará este caso el miércoles 19 de noviembre, a las 9.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

IMPEDIR EL COBRO DE UNA DEUDA A LA TGSS

Además de este caso, la Audiencia Provincial celebrará otros dos juicios este día. A las 10.30 horas tendrá lugar el que juzgará a un acusado de renunciar a sus derechos hereditarios para impedir que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) cobrara una deuda de casi 15.000 euros que había contraído al dejar de abonar la cuota del régimen de autónomos.

Explica el escrito de la Fiscalía que la Tesorería, ante la insuficiencia de los embargos de sueldos, salarios y cuentas, trató de embargar una finca rústica del propietario y su esposa en la que se estaban construyendo una vivienda, pero no fue posible ejecutar el embargo por la existencia de cargas preferentes.

Posteriormente, trató de embargar los derechos hereditarios del acusado sobre tres inmuebles.

Sin embargo, éste, "consciente de todo lo anterior y para impedir que la TGSS pudiese hacer efectivas las cantidades por él adeudadas, renunció a los derechos hereditarios, lo que determinó que no recibiera cantidad ni bien alguno con los que satisfacer sus deudas".

Para el ministerio público, el acusado es autor de un delito de frustración de la ejecución por el que debe ser condenado a una pena de dos años de prisión y 4.050 euros de multa.

La Seguridad Social, por su parte, pide una pena de un año y medio de prisión, 3.240 euros de multa y que le indemnice por el total del perjuicio sufrido, casi 15.000 euros.

Por último, a las 11.30 horas, se celebrará el otro juicio a un acusado al que se le encontraron cinco bolsitas de cocaína para su venta entre terceros, por el que se enfrenta a una pena de tres años.