PP de Cantabria advierte que el Gobierno de España trata de "intervenir la justicia" con sus reformas legales

Por ello, el diputado regional y senador autonómico, Iñigo Fernández, acompañado del diputado nacional del PP por Cantabria Javier Noriega y el senador Severiano Cuesta, ha registrado este martes en el Parlamento de Cantabria una proposición no de ley para instar al Ejecutivo nacional a dar marcha atrás en esas modificaciones legislativas.

Fernández, en cuya iniciativa también reclama la convocatoria de la Sectorial de Justicia y la financiación para las nuevas medidas de la Ley de Mejora de la Eficiencia de la Justicia, ha expresado el rechazo del PP a unas reformas "perversas y nocivas para el funcionamiento de las instituciones democráticas".

Y es que, ha denunciado, se trata de modificar leyes para reformar el sistema judicial y "hacer descarrilar las investigaciones que se están siguiendo en relación con los episodios de corrupción" que afectan al entorno del presidente, Pedro Sánchez (PSOE), "a su Gobierno, a su partido y a su familia" y que han dado lugar este lunes a la "entrada en prisión de quien ha sido la mano derecha de Sánchez en estos últimos años", ha dicho en relación al exnúmero tres de los socialistas Santos Cerdán.

Según el `popular`, las iniciativas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Estatuto del Ministerio Fiscal "son muy peligrosas" porque "implican modificar el acceso a la carrera judicial abriendo la puerta a la intervención del Gobierno para nombrar jueces y sustraer a los jueces su competencia de dirigir las instrucciones penales y tratan de eliminar la posibilidad de ejercer la acusación popular".

"Estamos ante una estrategia del Gobierno socialista de España para intervenir la justicia, para doblegarla, para manejarla. Estamos ante el riesgo de que el poder político en este país gobierne, maneje e intervenga la justicia", ha enfatizado el diputado regional del PP y senador autonómico.

Además, ha apuntado que "todo esto no se hace por casualidad" sino porque el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez "pretende utilizar estas reformas de la justicia para hacer descarrilar las investigaciones judiciales" en el entorno del Ejecutivo, el PSOE y la familia del presidente.

Fernández ha opinado que las reformas, que está seguro que serán retroactivas si se aprueban, buscan "desactivar todos estos procedimientos antes de que consigan sentar en el banquillo a los corruptos que se han enriquecido estos años a la sombra del Gobierno de Pedro Sánchez".

Y, por ello, a los `populares, les parece "enormemente grave" y creen que la sociedad en su conjunto debe evitar que salgan adelante esas modificaciones legislativas que, de aprobarse, permitirían al Gobierno "nombrar a los jueces", que las instrucciones penales las realice la Fiscalía que depende del Gobierno y que se suprima el derecho a ejercer la acusación popular.

"Si permitimos todo esto en este país, habremos dado un paso definitivo para que el poder político intervenga la justicia, para que el gobierno de turno maneje la justicia y, en definitiva, para que sean los gobernantes, los dirigentes políticos, quienes digan a quién se juzga y a quién no, a quién se condena y a quién no y, por tanto, quién en este país está obligado a cumplir las leyes y quién no", ha añadido.

Para Fernández, todo ello es una "amenaza" para el funcionamiento del sistema democrático y, por ello, el PP de Cantabria ha impulsado una proposición no de ley y la ha registrado este martes, 1 de julio, para que se debata en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, es decir, en septiembre.

El diputado ha criticado que esas reformas legales sean "la respuesta del Gobierno de España a las investigaciones judiciales abiertas para depurar los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente", algo que ha insistido en que hay que detener porque "no podemos permitir que lo que prevalezca en España sea la impunidad".

"ENGAÑO" DEL NUEVO JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Por otro lado, en relación a la Ley de Mejora de la Eficiencia de la Justicia, los `populares` han criticado el "engaño" del Gobierno para la creación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Santander y que ha supuesto "la eliminación del Juzgado de Instrucción número 5" y no que se haya creado un nuevo órgano, que es lo que era necesario.

Noriega ha indicado que la supresión de ese juzgado de instrucción supondrá que los otros cuatro tendrán que asumir una media de 630 casos más anuales cada uno (el número cinco instruía una media de 2.500 asuntos cada año).

Para Noriega, es "aberrante" lo que ha hecho el Gobierno de España y ha advertido que va a suponer el "colapso" de los otros cuatro juzgados de instrucción. "Va a haber más guardias, va a haber menos días para celebrar vistas y va a ser un desastre", ha avisado.

Y esta valoración, ha enfatizado, no la hace el PP sino el Decanato de los Juzgados de Santander que, en un acta unánime, expresa su "total oposición" a la conversión del Juzgado de Instrucción número 5 en un Juzgado de Violencia contra la Mujer por "ser gravísimamente perjudicial para la justicia penal en Santander".

En el acta, que el diputado del PP ha mostrado a los medios, el Decanato solicita al Estado la paralización del Real Decreto por el que se materializará ese cambio y pide mantener los cinco jueces de instrucción "sin perjuicio de la creación de nuevas plazas de las secciones de violencia contra la mujer".

Además, se advierte a la ciudadanía de que, si se aprueba ese Real Decreto, "los magistrados y magistradas de instrucción no nos hacemos responsables de los retrasos en la tramitación de los procedimientos que, de seguro, se van a genera y la desprotección que se pueda causar a las víctimas de los delitos que no sean violencia de género o violencia sexual".