Cada uno por su lado

Hasta hace poco más de 100 años, los Estados recaudaban los impuestos mediante una maquinaria administrativa con el fin de mantener sus propios aparatos para sostener el poder y asegurar la independencia nacional, el mantenimiento de ejércitos como fuerzas de defensa o agresión, la administración de justicia, el control de la educación, las obras públicas, etc. En abierto contraste, la asistencia social, prácticamente inexistente, era competencia de organizaciones caritativas o de gremios, y la sanidad se ignoraba.

En las naciones modernas la fiscalidad pública va asociada a un concepto añadido, que supone la redistribución de la riqueza nacional, reteniendo más a los más ricos para poder atender las necesidades de los menos favorecidos, mediante una política social - desempleos, orfandades, enfermedad...–, una política educativa y sanitaria que garantice unas coberturas, y un actividad empresarial nacional con iguales para todos que incluyen el mantenimiento de sectores estratégicos para el interés común.

Sin embargo, los nuevos tiempos nos están conduciendo a la desaparición de este concepto de solidaridad y redistribución fiscal. A la vista de lo que está ocurriendo, resulta que precisamente las regiones tradicionalmente más ricas, se empeñan en recaudar y administrar sus propios recursos mediante convenios que, siempre implican una reducción de su contribución al conjunto nacional y una mayor disponibilidad de fondos para beneficio para sus habitantes, que es precisamente lo que han conseguido los nacionalistas en el País Vasco y en Cataluña : una relación económica tan especial que asegura prioritariamente sus propias necesidades, al margen del resto. Bajo premisas políticas nacionalistas parece lógico defender los intereses locales, considerando a los demás como vecinos empobrecidos, aunque se deje una cierta puerta abierta a la cooperación. Tienen la misma base que la actuación política que podría realizar España, al orientar sus prioridades económicas y sociales hacia las necesidades de su propia agricultura, industria o comercio, sin que se contemplen los de Portugal, de Marruecos o de Andorra.

En esta situación, ¿cuál es la ventaja de ser español hoy día?. Se supone que constituímos un conjunto social individualizado respecto a otros países, unidos por unas leyes comunes, donde se tienen unas medidas de bienestar social iguales y donde se contribuye de la misma manera en el esfuerzo común, esperando obtener un trato igual para todos. Eso implica, necesariamente, que algunos han de contribuir más que otros, en función de la propia riqueza, aunque haya quienes aún en el siglo XXI, esgriman derechos generados en los oscuros tiempos del Medievo.

La liquidación de aquellas leyes que nos hacían miembros de esa comunidad nacional, en sus deberes y obligaciones, es una realidad con la que hacemos frente a un futuro inmediato. Si Cataluña quiere administrar y recaudar sus propios recursos, considerando que aporta más que lo que recibe, habrá que preguntarse si los valencianos los mallorquines o los madrileños no estarían en el mismo derecho. Y con esa nueva concepción del reparto de la riqueza, habría que pensar qué pueden esperar los andaluces, los castellanos o los extremeños si se les aplicasen las mismas normas: gastar sólo en función de lo que obtengan sin recibir otras aportaciones que les ayuden o compensen sus carencias. En esta vorágine de individualismos y egoísmos, las regiones más ricas, aquellas donde mayor inversión pública ha habido en los últimos 50 años, son las que demandan ese tratamiento exclusivo.

Pero hay más. Sumergidos en el eterno debate sobre quiénes somos – que ya son ganas de filosofar a estas alturas –abrimos un nuevo frente de desunión. Ahora resulta que el Rey molesta. La única figura constitucionalmente respetada hasta la fecha, comienza a ser cuestionada en aras de una pretendida modernidad que nos aplicamos según nos interese. Los países escandinavos, la corona inglesa, los Países Bajos, durante años se consideraron modelos ideales, con sus simbólicas monarquías.

Feo panorama. No solo por la absoluta carencia de solidaridad, sino porque estamos destruyendo las bases, ya minadas, de unos principios sobre los que se asentaba una vida en común desde hace siglos, y que nos condujo a ser una de las naciones más desarrolladas y privilegiadas del mundo.

Si los pensionistas andaluces reciben más beneficios, si los enfermos catalanes reciben mejor atención sanitaria, si los niños del País Vasco son educados de otra forma, si los aragoneses deciden sobre la distribución del agua a un levante sediento, si los gallegos quieren aprender portugués antes que castellano, ya me dirán para qué sirve seguir siendo miembro de un viejo club venido a menos llamado España. ¿O es que al final, solo podrán ser españoles, quienes no puedan ser otra cosa ?