Los comunistas de Sumar quieren intervenir el mercado de créditos rápidos y regular los inferiores a 200 euros

Sumar defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que pide endurecer la normativa de los préstamos rápidos en España y ampliar el ámbito objetivo de los créditos regulados eliminando el límite de 200 euros existente en la actualidad.

El grupo plurinacional alerta en su propuesta de que las empresas que ofrecen créditos de pequeños importes entre 50 y 1.000 euros han proliferado en los últimos años. Asimismo, apunta que en ocasiones estas compañías ofrecen créditos con intereses de hasta el 4.000%, 5.000% e incluso 59.000 TAE, lo que sumado a una falta de transparencia en la concesión de los préstamos aboca a los prestatarios a "espirales de pagos imposibles".

El diputado de En Comú que abandera esta propuesta, Félix Alonso, también advierte que actualmente la normativa española no tiene reserva de actividad para la concesión de crédito, lo que supone que estas empresas que conceden préstamos inmediatos no son supervisadas por el Banco de España y ni siquiera hay un registro de las mismas.

LA JUSTICIA NO PUEDE HACER MUCHO

Esto provoca que ante los posibles abusos los clientes no tienen la posibilidad clara de demandar, pues en algunos casos las empresas al no estar registradas disuelven la sociedad y desaparecen. Algunos tribunales, dice la propuesta, afirman que no existe una normativa clara ni un parámetro objetivo para poder calificar como usurario un crédito y el supervisor no hace referencia a este tipo de productos.

En este escenario, y teniendo en cuenta la Directiva Europea de 2023 relativa a los contratos de crédito al consumo, Sumar defenderá en el Pleno de la Cámara y impulsar las medidas necesarias para regular los créditos rápidos eliminando su carácter abusivo y garantizando los derechos de los consumidores.

Para llegar a esa meta, el grupo propone una batería de medidas en su proposición no de ley, recogida por Europa Press. En primer lugar, instan a establecer criterios para definir qué se considera un préstamo abusivo, así como impulsar toda medida destinada a evitar costes de crédito excesivos o usurarios como los que han sufrido algunos consumidores.

EXIGIR PRÁCTICAS RESPETUOSAS CON EL CONSUMIDOR

También se propone establecer un procedimiento de registro y supervisión de todos los prestamistas de crédito al consumo y que la actividad sólo la puedan realizar aquellas empresas que muestren la solvencia adecuada y presenten prácticas respetuosas con el consumidor.

Otras propuestas pasan por exigir modelos contractuales respecto a este tipo de créditos que ofrezcan unos estándares adecuados para el consumidor, someter a empresas de crédito al consumo y de créditos rápidos al control y supervisión del Banco de España y prohibir la publicidad de los créditos rápidos en la que se destaque la facilidad de obtención del crédito frente a otras características del mismo como su coste.

Por último, Sumar insta a articular, junto al resto de administraciones, un estudio utilizando los medios necesarios, incluida la Inteligencia Artificial, para detectar los anuncios y posibles abusos y fraudes de estos prestamistas y en su debido caso sancionar o iniciar una denuncia penal si se prueba necesario