Los trabajadores de Justicia no volverán a la mesa de negociación mientras el Gobierno no mejore la oferta

   Así lo dijo hoy el presidente de la Junta de Personal, Manuel Garay, quien advirtió además del colapso que se puede generar en los juzgados cántabros a medida que se prolongue la huelga, de la que se celebra hoy la segunda jornada, con nuevas protestas de los trabajadores ante la sede del Gobierno regional.

   Las negociaciones están ahora paradas porque los sindicatos esperan una propuesta de la Administración para sentarse de nuevo a hablar. Mientras el Gobierno propone un aumento de 350 euros del complemento específico de aquí a 2011, los trabajadores reclaman que la subida sea de 500 euros.

   Según Garay, la oferta de la Administración "no llega ni a la mitad" de lo que ofrece el Ministerio para los trabajadores de comunidades en las que la Justicia no está transferida, ya que hay que tener en cuenta los plazos. Así, señaló que la oferta ministerial es "a un año", mientras la del Gobierno cántabro es para cuatro años.

   El representante sindical explicó que los trabajadores han propuesto a la Administración negociar un acuerdo a un año, o incluso dos, pero criticó que la Consejería está "inamovible" y se ha "cerrado en banda" en su propuesta de un acuerdo para toda la legislatura.

   Respecto al impacto de la huelga en la actividad judicial, recordó que sólo en la primera jornada de huelga se suspendieron más de un centenar de juicios y, según dijo, a ese ritmo en dos semanas podrían llegar a 1.500, que deberán ser señalados para nuevas fechas. Teniendo en cuenta que en algunos órganos judiciales los nuevos juicios ya se están señalando para 2009, explicó que los suspendidos ahora tendrán que retrasarse en algunos casos hasta el verano de 2009.

   En palabras de Garay, costará "mucho" recuperar ese trabajo retrasado por la huelga que, según las estimaciones sindicales, está registrando un seguimiento del 94%.

   En este sentido, rechazó los datos de seguimiento de la Administración regional, que cifra en un 62% el porcentaje de trabajadores que está secundando los paros. Según dijo, el Gobierno está contabilizando en esas cifras los trabajadores que están realizando los servicios mínimos, unos servicios mínimos que calificó una vez más de "abusivos".