Santander no puede esperar más

Durante mi reciente entrevista con la vicepresidenta del Gobierno regional, Dolores Gorostiaga, tuve la oportunidad de trasladarle la urgente necesidad de abordar la segunda descentralización a través del Pacto Local y de constatar que el proyecto de regular a través de una ley nacional este proceso de aumento de competencias y de financiación por parte de las Administraciones locales ha sido completamente abandonado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La propia vicepresidenta y secretaria regional del Partido Socialista me confirmó que la ley estatal no saldrá adelante en lo que queda de legislatura, reconociendo de forma implícita un fracaso más en los planes de Rodríguez Zapatero, quien, pese a que se comprometió a avanzar en el Pacto Local durante su mandato, ha dejado pasar cuatro años en blanco.

No podemos esperar más. Es urgente que se reconozca la labor que los ayuntamientos desarrollamos en pro de nuestros vecinos a través de una serie de competencias que, a pesar de no tener adjudicadas formalmente, venimos ejerciendo de hecho, con el correspondiente coste para las arcas municipales. Las denominadas competencias impropias, entre las que se encuentran algunas de tanto peso como el empleo, las políticas de igualdad o las inversiones en centros educativos, se llevan aproximadamente -y no lo digo yo, lo asegura la FEMP- el 30 por ciento del presupuesto de gasto de los municipios sin recibir ningún tipo de contraprestación por parte de las administraciones que deberían hacerse cargo de estos servicios.

En Cantabria, el Gobierno regional empezó la legislatura anterior prometiendo avanzar en el Pacto Local y plasmó este compromiso en su Plan de Gobernanza 2004-2007, en el que aseguraba que desarrollaría el anteproyecto de lo que denominaba Pacto Local XXI para Cantabria. De este proyecto nada se sabe, salvo que se encargó a un catedrático de la Universidad de Cantabria, Luis Martín Rebollo, un borrador de una ley autonómica sobre el Pacto Local. No soy tan ingenuo como para creerme que el señor Rebollo haya empleado cuatro años y 200.000 euros trabajando en un borrador y que no tenga aún preparado el documento que se le encargó, por lo que más bien creo que el retraso se ha debido a la falta de voluntad política.

Esta pasividad del Gobierno regional por dotar a los municipios, independientemente de su color político, de las herramientas necesarias para mejorar la prestación de sus servicios a los ciudadanos requiere que la norma autonómica sobre el Pacto Local comience ya, sin más dilaciones, su tramitación en el Parlamento y que sea consensuada con los ayuntamientos, para lo que he ofrecido a la vicepresidenta, de manera sincera, toda la colaboración del Ayuntamiento de Santander.

A este problema urgente de resolver, que afecta a todos los municipios cántabros, en Santander se suma la necesidad apremiante de disponer de una Carta de Capitalidad, un documento que reconozca jurídica y financieramente su condición como capital de Cantabria.

Debe quedar claro que Pacto Local y Carta de Capitalidad son dos conceptos distintos: el primero es común a todos los ayuntamientos como prestadores de servicios que son competencia de otras administraciones, mientras que la Carta de Capitalidad implica reconocer que el Ayuntamiento de Santander se ve obligado a ofrecer diariamente a todos los cántabros servicios derivados de su condición de capital de la comunidad autónoma. Por lo tanto, requieren de tratamientos diferentes que deben discurrir en paralelo, sin supeditarse el uno al otro, como se demuestra en los casos en los que existe: Pamplona, Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela o Palma de Mallorca son ciudades que han visto reconocida su condición de capital de sus respectivas comunidades autónomas sin esperar a una reforma legal previa, por lo que no cabe utilizar tampoco este argumento como justificación de un retraso que se puede evitar con voluntad política para dar a Santander el tratamiento jurídico y financiero que le corresponde.

Es imprescindible que Santander tenga cuanto antes una Carta de Capitalidad, al igual que ocurre ya con otras capitales españolas. El Gobierno regional debe reflexionar sobre este asunto y admitir que supeditar la Carta de Capitalidad a una serie de reformas legales previas que pueden prolongarse durante gran parte de la legislatura no sería más que una maniobra dilatoria que alejaría el momento en el que los santanderinos vean compensados los esfuerzos que realizan, a través de sus impuestos, por dotar a la ciudad de los servicios que requiere su condición de capital de la región.

Día que pasa, día que cada santanderino sigue pagando con sus impuestos servicios que están disfrutando todos los cántabros. Por eso, como alcalde de Santander, voy a seguir reivindicando esta Carta de Capitalidad para la ciudad desde el convencimiento de que no sólo es bueno para los santanderinos sino para el resto de cántabros, que verían así mejorados los servicios que se les prestan. Y por ello, desde el Partido Popular plantearemos esta cuestión en el Pleno de este mes para conocer la opinión del resto de grupos políticos municipales y para ofrecer toda nuestra colaboración al Gobierno de Cantabria.

Quiero subrayar que en la Carta el aspecto económico es uno más a valorar, no el prioritario -aunque confío en que el Gobierno regional incorpore una partida económica en los Presupuestos del año 2008-. Y por ello, con el fin de agilizar el proceso y de evitar que el debate se centre en la determinación de una cuantía económica, le he propuesto a Dolores Gorostiaga que sea la Universidad de Cantabria la que se encargue de redactar el análisis de los costes asociados a la capitalidad. De esta manera, encargaremos un estudio que confiamos esté listo en cuatro meses y no en cuatro años.

Santander no puede esperar más. No podemos dejar pasar otra legislatura en blanco sin un Pacto Local que compense el esfuerzo inversor de los municipios en competencias que no le corresponden y sin una Carta de Capitalidad que trate con justicia a los vecinos de la ciudad. Hace cuatro años el Gobierno de Cantabria encargó un informe para activar el Pacto Local, ahora, cuatro años más tarde, ese asunto debe ponerse en marcha sin más dilaciones.