Sierra acude al Parlamento a tratar la inconstitucionalidad de la Ley de Realojo pero no del contrato de 175.000 euros para conocer las causas del fuego en Cantabria

El contrato fue adjudicado a la empresa “Europa Agroforestal S.L.”, que presentó la oferta más ventajosa. El presupuesto base de licitación ascendía a un importe total de 175.054 euros.

La resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria anunciando la formalización del contrato se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Si no se explica la necesidad de ese contrato el ciudadano piensa que ese contrato solo sirve para acallar voces de que la gestión del fuego no está bien gestionada sino abandonada.

Hace falta una política del fuego y no informes insustanciales para cubrir apariencia, negligencia y dejadez. Las empresas no están boyantes en Cantabria, y muchas huyen, y parece que la política, tercera cuestión que abordamos, de la Consejería que dirige Sierra es no tenerlas en cuenta en estos contratos

Lo que no se puede hacer es subcontratas que al final se descubren. Y final esos estudios que se nos antojan con una política de sentido común pueden hacerlos nuestros estudiantes de post grado. Curiosamente los políticos dejan hacer porque esta cuestión no les afecta Pero la adjudicación si no es necesaria entra en el ámbito del DESPILFARRO de dineros públicos.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, comparecerá el próximo lunes, 26 de febrero, ante el Pleno del Parlamento de Cantabria para informar  de la `ley de realojos`.

El consejero ha tardado casi un mes después de que el Gobierno regional anunciase la solicitud de comparecencia urgente de De la Sierra para explicar las posturas de los gobiernos de España y Cantabria sobre la modificación de la actual Ley del Suelo de Cantabria aprobada por el Parlamento regional el pasado 24 de octubre con el objetivo de garantizar el derecho de retorno y realojo de afectados en procesos urbanísticos.

La modificación que pretende el Bipartito es anticonstitucional por lo que antes de perder el tiempo procede un dictamen jurídico de expertos.

En ella, De la Sierra (PRC) expondrá ante el Pleno la naturaleza del procedimiento que ahora se pone en marcha mediante la convocatoria de la comisión bilateral, así como para escuchar las aportaciones de los diputados en esta materia. El procedimiento que pretende Sierra es pérdida de tiempo. Procede un dictamen responsable y vinculante por los letrados de la Cámara.

El procedimiento se puso en marcha por iniciativa del Gobierno de España antes las dudas trasladadas a iniciativa del Ministerio de Justicia sobre invasión del ámbito competencial del Estado.

Tras la propuesta del Gobierno central de reunir a la comisión bilateral para evitar la presentación del recurso de inconstitucionalidad, la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, acordaron poner en marcha el grupo de trabajo para tratar de buscar una solución que evite terminar en el Tribunal Constitucional y solventar las diferencias en torno al texto.

La discrepancia competencial se plantea sobre el apartado 4 de la nueva redacción de la Disposición Adicional Octava por la presunta invasión de competencias del Estado en materia de Derecho Civil.

La modificación de la Ley del Suelo para garantizar el derecho al realojo y retorno fue impulsada por el grupo popular que planteó una proposición de ley, que fue mejorada, según reconoció el propio PP, por las enmiendas presentadas por Ciudadanos y Podemos.

Los tres grupos, PP, Podemos y Ciudadanos lograron sacar adelante con sus votos la proposición de ley, que contó con la abstención de PRC y PSOE. Se trata de determinar si se sigue un camino equivocado para encontrarse con un recurso de inconstitucionalidad.