El Colegio de Abogados de Cantabria secundará mañana la concentración convocada por jueces y fiscales

   Así lo ha decidido la Junta de Gobierno del Colegio cántabro, que se suma así a la iniciativa del Consejo General de la Abogacía Española de respaldar estas concentraciones, y que en el caso de Santander se desarrollará en el complejo judicial de Las Salesas.

   Y es que, según puntualiza el Colegio de Abogados de Cantabria en un comunicado, "son muchos los puntos en común" que comparten con jueces y fiscales. Entre ellos figura el garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial y la modificación de la Ley de Tasas con implantación de otras que sean "más razonables" y que no supongan un "obstáculo" para el acceso a la Justicia.

   También demandan la dotación de mayores medios materiales y humanos para la Administración de Justicia, manteniéndose para ello una consignación presupuestaria "suficiente", la necesidad de que ésta sea administrada por jueces profesionales y la adecuación de las normas de procedimiento a las actuales circunstancias.

  "OTRA CHAPUZA DE GALLARDON"

   Por otro lado, el presidente del Colegio de Abogados de Cantabria, Jesús Pellón, ha criticado la "chapuza" de la Ley de Tasas puesta en marcha por el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, que entraba en vigor este jueves.

   En concreto, ha censurado la "improvisación e irresponsabilidad" del Gobierno, que aún no ha aprobado el modelo para llevar a cabo la liquidación de la tasa, con lo cual, su pago no puede efectuarse.

   Pellón indica al respecto que una "estricta" aplicación de la Ley impediría que se tramitaran todas las demandas que se presentasen a partir de hoy, lo cual supondría la "paralización inadmisible" de este servicio.

   Añade al respecto que desde el Ministerio, para poner un "parchazo" a esta "ridícula" situación provocada por su propia "incompetencia", han dictado una Instrucción en la que se ordena la tramitación de los asuntos sin necesidad de acreditar la previa liquidación de la tasa, lo cual "no deja de ser una conculcación de lo dispuesto en la propia Ley, que en todo caso exige esta previa acreditación".

   Pero además, concluye Pellón, esta "improvisación" va a tener un efecto "claramente contrario" a la reducción de la litigiosidad que se pretende, ya que las "dudas" de secretarios y jueces a la hora de actuar van a suponer "la interposición de cantidad de recursos contra las resoluciones que en materia de admisión o inadmisión de demandas se dicten".

   Con todo ello, el presidente de los abogados cántabros cree que "lo que mal empieza mal acaba" y "lo que se hace sin meditar, al final se acaba notando".