El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a abrir los centros educativos más allá de su jornada lectiva
La PNL, que ha partido de Vox, ha contado con el apoyo de PRC y PSOE y el rechazo del PP

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con el voto a favor de toda la oposición (PRC, PSOE y Vox) y con el rechazo del grupo popular, una iniciativa para instar al Gobierno regional (PP) a que el Presupuesto autonómico de 2026 incluya una partida para que en el curso escolar 2026-2027 los centros educativos se mantengan abiertos tras finalizar la jornada lectiva y que, de esta forma, los alumnos puedan usar gratuitamente sus instalaciones comunes, como bibliotecas, gimnasios y patios.
También, en esta proposición no de ley se reclama al Ejecutivo regional que se anime a realizar ya en el presente curso pruebas piloto en aquellos centros que dispongan de capacidad y recursos.
La iniciativa ha partido de Vox, si bien su contenido original ha sido en parte modificado al admitir el grupo proponente una enmienda de sustitución del PSOE que cambia en parte el punto relativo a la partida presupuestaria que se reclama para garantizar "la efectiva implementación del servicio" y que ésta incluya las acciones que requieran los centros educativos "para aumentar la seguridad, salubridad, accesibilidad y naturalizacion de las infraestructuras y espacios afectados por el propio servicio".
El PP también había presentado una enmienda que, sin embargo, Vox no ha admitido al considerar que, con ella, los `populares` buscan convertir la iniciativa "en nada y vaciarla de contenido" y "eliminar el compromiso presupuestario para llevarla a cabo".
Aunque los `populares` se han mostrado "de acuerdo" con la idea de que los centros educativos sean "puntos de encuentro" y "optimizar más su uso", creen que antes de implantar la medida en todos se debe hacer un análisis por municipios de la oferta ya existente de conciliación y de extraescolares para, con sus conclusiones, seguir "avanzando" en este ámbito, pero "con responsabilidad" y un "uso eficiente de los recursos públicos".
Así, el diputado del PP Álvaro Aguirre ha defendido que 107 de los 137 colegios de Cantabria ya abren en horario y días no lectivos y que hay 40 institutos que también lo hacen para actividades de distintas naturaleza.
Desde el PP han recriminado a Vox haberse "abrazado" y pactado una enmienda con un PSOE que, desde el Gobierno de España debe "200 millones a las comunidades" para mejorar la salubridad, la seguridad y la naturalización de los espacios educativos, mientras ha "ignorado" la enmienda de un PP que apoya al Ejecutivo regional "que invierte más que nunca en educación".
"Esto parece una broma pesada, pero se lo tendrá usted que explicar a sus votantes", ha replicado el diputado Aguirre al parlamentario de Vox Armando Blanco.
Por su parte, el PRC, aunque ha apoyado la iniciativa al considerarla "adecuada", ha replicado a Vox que la solución a la conciliación y a la baja natalidad "no es alagar la jornada escolar" sino reducir la laboral y que los menores pasen más tiempo con sus padres.
En este sentido, ha recordado que Vox ha rechazado en el Congreso la ley para reducir la jornada laboral. "Tener la bota llena y la abuela borracha, eso no puede ser", ha afirmado la regionalista Teresa Noceda.
Al respecto, Blanco (Vox) ha afirmado que "comparte" que "donde mejor están los chavales es con sus padres", pero ha añadido que "muchas veces no es factible". Así, ha defendido que la PNL aprobada "favorece la conciliación, y lo más importante, la infancia".
`NO` A LAS MEDIDAS DE VOX CONTRA PRÁCTICAS COLUSORIAS
Lo que no se ha aprobado es otra iniciativa de Vox para instar al Gobierno regional a adoptar distintas medidas dirigidas a prevenir, detectar y combatir las prácticas colusorias y el reparto del mercado en las licitaciones públicas, la cual ha contado con el voto en contra del resto de grupos.
Para el PP este tipo de iniciativas, busca "socavar" con "insinuaciones la confianza en las Administraciones Públicas" y además se piden "actuaciones prospectivas generalizadas de cientos y cientos de licitaciones, sin aportar prueba alguna que legitime tal actuación".
Los `populares` consideran que esta iniciativa "supone de forma implícita una denuncia de fraude generalizado en la contratación administrativa absolutamente inadmisible" y además han indicado que "muchas" de las medidas solicitadas "están ya implementadas en la Administración".
Por su parte, el PRC ha acusado a Vox de pretender construir con este tipo de propuestas "un relato" en el que "todo el mundo es malo" y ha defendido la honorabilidad de quienes ejercen los cargos públicos, tanto políticos como funcionarios. "No es buenismo, es estadística", ha dicho Javier López Estrada.
El diputado regionalista, aludiendo al `caso Obras Públicas`, ha censurado que el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, y el exconsejero de Obras Públicas José Luis Gochicoa, también de su partido, fueron "acusados en base a nada" por algunos partidos políticos y medios de comunicación, y, una vez pasada la investigación, ha señalado que ha quedado "clarificado que no ha habido ninguna intervención política por parte de ninguno de ellos".
Entre otras cuestiones, Vox, en su moción, reclamaba al Gobierno actuar "de forma proactiva, como parte perjudicada", en la investigación iniciada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) sobre el presunto cártel de la construcción, actuando de oficio para aportar todos los medios a su alcance que ayuden al total esclarecimiento de los hechos y a la cuantificación del posible daño económico a las arcas públicas de Cantabria.
Desde el PP se ha replicado que esta investigación de la CNMC es un paso previo a un posible expediente sancionador que "no prejuzga el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas afectadas".
"Deje trabajar con independencia y responsabilidad a los organismos competentes y que sean ellos quienes valoren", ha reclamado el PP, que ha garantizado que el Gobierno regional "colaborará en tiempo y forma si fuera requerido por la CNMC" y "actuará con toda la contundencia frente a cualquier atisbo de corrupción que pueda detectar".
Por su parte, el PSOE ha votado también en contra de una moción de Vox "cargada de titulares, pero vacía de soluciones reales" y que es "puro oportunismo político" y un "ejercicio de hipocresía".
Además, entiende que en ella se "ataca injustamente" al funcionariado de Cantabria y al sistema público de contratación y se parte de "diagnósticos falsos".
Tras el rechazo de los grupos, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha opinado que éstos han quedado "perfectamente retratados" y les ha acusado de usar "excusas" para no apoyar una iniciativa que "no va de ideología" sino de "decencia" y que era una "oportunidad" para decir "basta ya" a este tipo de prácticas.
Así, cree que votar en contra envía "un mensaje muy claro a los cántabros" de que "todo puede seguir igual" y que cárteles como los que ya se han detectado, como el del asfalto u otros, "pueden volver a operar y que nadie rendirá cuentas".
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