El fiscal ajusta las penas de la trama de Obras: mantiene 7 años de cárcel al funcionario y supera los 2 a empresarios

El fiscal de la trama de Carreteras de Cantabria, por la adjudicación irregular de contratos por parte de un funcionario a varios empresarios del sector en la región, ha ajustado las penas solicitadas para los acusados en el pacto suscrito con las defensas y el Gobierno autonómico, que ejerce la acusación particular.

La modificación, a petición de la jueza de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que presidirá el tribunal del jurado en el que se ratificará la conformidad alcanzada, no afecta a los años de cárcel pedidos para el empleado público considerado cabecilla de la red, que se mantienen en siete, y tampoco a su mujer (un año), pero sí sube ligeramente para los cuatro constructores procesados, que rebasan así los dos años de prisión.

Según han explicado fuentes del caso a Europa Press, en el supuesto del jefe de la banda -que al igual que los demás reconoció los hechos- y al que se imputan delitos de fraude en la contratación, cohecho y blanqueo de capitales en concurso con falsedad en documento mercantil, en uno de los ilícitos se le ha incrementado en tres meses la pena de prisión pero en otro se le ha bajado, con lo que la condena global se mantiene en siete años y un día de encarcelamiento.

Tampoco varía la pena para su mujer, que será condenada a un año y un día de prisión por blanqueo de capitales en concurso con falsedad en documento mercantil, pero sí se modifican para los cuatro empresarios que pactaron dos años de cárcel por fraude en la contratación y cohecho: el apoderado de API Movilidad e IMESAPI, el administrador de CANNOR y La Encina (Centro de Jardinería y Gestión Inmobiliaria), el administrador de RUCECAN y el apoderado y socio de esta última empresa, tiempo que se incrementa en uno o dos meses, han apuntado las citadas fuentes. Ante esto, y para no entrar en prisión, tendrán que recurrir a la suspensión extraordinaria de la pena.

Asimismo, se ha ajustado también la inhabilitación para la obtención de subvenciones, que conllevan los delitos de cohecho y de fraude. Entre los dos, sumaban cuatro años, y con la modificación se han rebajado a tres años y ocho meses.

Estos ajustes obedecen a la aplicación de parámetros al diferenciar entre autores y coautores y cooperadores necesarios, ya que ahora se ha determinado que son todos coautores, y también por una diferencia en el cómputo de la pena -de la mitad superior, por delitos que conllevan falsedad pero no se pena por esto último, sino que se juntan en un concurso y se pena por uno de los ilícitos-.

Por lo demás, las responsabilidades civiles se mantienen como se habían acordado en el pacto, en el que a la hora de fijar las penas se tuvo en cuenta las atenuantes de confesión y reparación del daño, tras reconocer todos los investigados los hechos imputados y consignar 1,6 millones exigidos por el Gobierno para reparar el daño económico causado.

ADULTERACIÓN SISTEMÁTICA DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Según el escrito de conformidad, el funcionario, Miguel Ángel Díaz -que estuvo en prisión provisional durante seis meses y fue apartado de su puesto en la Consejería, donde era jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas en la etapa de los hechos-, "prevaliéndose" de esta condición laboral, "se concertó a lo largo de muchos años en múltiples expedientes de contratación de obras con empresarios del sector para favorecerles en la adjudicación de los mismos a cambio de ilícitas remuneraciones como contraprestación a sus servicios irregulares".

Así, aprovechando todas las "posibilidades" que le ofrecía el desempeño de su puesto y "quebrantando toda la probidad exigible a su condición funcionarial y vulnerando los principios informadores de su menester (respecto a la neutralidad, objetividad, fomento de la libre concurrencia y protección del interés público), se dedicó a adulterar sistemáticamente los procedimientos de contratación del servicio de carreteras autonómicas mediante diferentes conductas" con las que causó "un grave quebranto en los intereses económicos" del Gobierno de Cantabria.

Los hechos se destaparon en febrero de 2023 y la investigación realizada y dirigida desde el Juzgado 5 de Santander ha constatado "prácticas corruptas" en siete expedientes relativos a otras tantas obras en carreteras e infraestructuras de la comunidad, como reparaciones puntuales de la capa de rodadura en diferentes vías autonómicas, dependientes de la Consejería, el proyecto de conservación, mantenimiento estructural y mejora de la seguridad vial del puente sobre la ría de Cubas (puente de Somo), o la ejecución de una senda ciclable en la carretera CA-131 entre Barreda y La Revilla, en el puente de La Barca (pasarela Solvay).

También en la limpieza de sedimentos bajo estructuras, puentes y otros elementos estructurales en cauces públicos; conservación y mantenimiento de los elementos funcionales urbanos; el mantenimiento, conservación y limpieza de cunetas y cauces de desagüe del agua pluvial de escorrentía en carreteras dependientes del Ejecutivo regional y el denominado puente de Pontejos, "si bien la actuación y el perjuicio abarcan un número mucho mayor de expedientes de contratación a lo largo del tiempo", apunta el escrito de conformidad que deberá ratificarse en el juicio oral.

En ese documento, las partes convinieron en que "el conciliábulo para dirigir el proceso de contratación de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Cantabria estaba formado" por los empresarios investigados que han reconocido los hechos y el funcionario, que "adoptó las decisiones oportunas (elaboración de pliegos, propuestas de adjudicación, informes de puntuación de ofertas, informes sobre ofertas temerarias) de forma arbitraria y perversa, teniendo plena consciencia" de sus acciones, "todas ellas orientadas a una contratación irregular e ilícita y con una influencia determinante en las mismas".

"Todo el proceso descrito obedecía a un interés económico recíproco: por una parte, las empresas obtenían contratos de la administración de forma reiterada, engordando con su margen empresarial de beneficios su cuenta de resultados y por otra el funcionario recibía cuantiosas remuneraciones, dádivas y favores por su incorrecto proceder", se señala en el escrito, en el que se apunta que dichos pagos, atendiendo al "desproporcionado patrimonio acumulado" por el acusado y su familia (esposa y dos hijas) "han ido discurriendo a lo largo de los años, sin poderse acreditar con certeza el montante total ni la forma de llevarse a cabo".

Sin embargo, resultan "incuestionables" hechos como el hallazgo de 529.000 euros en metálico en el domicilio del funcionario así como "una máquina para contar billetes, que delatan la percepción habitual de pagos en metálico derivados de las comisiones ilegales". También, que "simuló la realización de una actividad mercantil ficticia, para aparentar la generación de ingresos legales", diversos pagos realizados por los empresarios investigados y que "ideó fórmulas de pago encubiertas" y "numerosos" de ellos "en especie", así como que "solicitó y obtuvo numerosos regalos y favores".