Archivada la querella de los taxistas contra el alcalde de Vega de Pas por prevaricación
La jueza de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la querella presentada por la Federación Cántabra del Taxi contra el alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García Diego (PP), por prevaricación administrativa con motivo de la prestación en el Ayuntamiento del transporte sociosanitario de personas sin autorización.
Según el auto, que data del 18 de noviembre de 2026 y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada entiende que, de las diligencias practicadas "no se desprende la existencia de dolo o culpa en grado suficiente para motivar la eventual existencia de responsabilidad penal, sin perjuicio de las acciones civiles que puedan corresponder a la persona lesionada".
Contra esta resolución cabe recurso de reforma dentro de los tres días siguientes a la notificación y recurso de apelación en un plazo de cinco días.
La Federación (que aglutina a casi dos centenares de profesionales) presentó una querella en la que señalaba que el Consistorio es propietario del vehículo con el que se viene prestando el servicio del transporte sociosanitario de forma "sistemática, continuada y pública" y sin la preceptiva autorización legal.
Para los querellantes, esta actividad "infringe" las leyes de Ordenación de los Transportes Terrestres de Transporte de Viajeros por Carretera de Cantabria.
Sin embargo, el Tribunal indica en su auto que la propia querella expone "la falta de licencia o concesión alguna que habilite el transporte socio sanitario instaurado en el municipio de Vega de Pas, contraviniendo con ello la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestre, a través de una ordenanza dictada por la anterior legislatura".
Una ordenanza que, según la jueza, "no puede olvidarse que se trata de un acto de carácter administrativo, que en caso de encontrarse disconforme deberá acudirse a la vía pertinente, que desde luego no es la jurisdicción penal".
Así, deduce que "los hechos denunciados no se circunscriben a la jurisdicción penal, teniendo en cuenta el principio de intervención mínima que impera en este" y concluye que "no queda debidamente justificada la existencia de hecho delictivo".
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