Detenidos activistas de Greenpeace por colgar una pancarta en el Arco de Moncloa contra la prórroga
La Policía ha detenido y llevado a dependencias policiales a 9 activistas de Greenpeace que esta mañana han desplegado una pancarta en el Arco de Moncloa pidiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla con el calendario de cierre nuclear, según ha informado la organización. Fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado las detenciones aunque no han especificado el número de personas detenidas.
Desde Greenpeace han informado de que en este momento se encuentran a la espera de prestar declaración y de conocer los cargos que se les imputan, así como de saber si van a quedar en libertad o si pasarán a disposición judicial.
Los activistas han desplegado una pancarta en el arco de Moncloa con el mensaje de 'Pedro, cumple tu palabra. Di no a las nucleares', para advertir al presidente del Gobierno de que debe empezar el cierre de la central nuclear de Almaraz en 2027.
La protesta se ha producido un día después de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya emitido un informe favorable, con condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación de la central de Almaraz, que aplica a sus dos unidades.
"Pero Almaraz tiene que cerrar. Según la Orden Ministerial TED/773/2020, los reactores I y II de Almaraz son los primeros del parque nuclear español que deben cerrar en 2027 y 2028, respectivamente", avisan desde la organización.
Francisco del Pozo, responsable de la campaña de energía en Greenpeace, ha señalado que "realizar una protesta pacífica contra Almaraz es totalmente lícito".
"La gente se está muriendo, literalmente, por el calor y el fuego y no podemos demorar más la transición energética urgente. Pedro Sánchez no puede ceder al chantaje nuclear cuando sus tres premisas para extender Almaraz ya han caído: el suministro está garantizado por las renovables, la prórroga aumentará las emisiones y costará más de 3.800 millones de euros a la ciudadanía", ha agregado.
Greenpeace recuerda que el informe preceptivo emitido por el CSN, que solo establece las condiciones técnicas para mantener la seguridad nuclear, "no cambia la responsabilidad del Gobierno sobre la decisión de conceder o rechazar la petición de las compañías eléctricas de una extensión extraordinaria del funcionamiento de los reactores extremeños por dos y tres años, respectivamente".
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