Hacienda comunica al juez que investiga las obligaciones tributarias de Zapatero, su mujer y sus hijas entre 2021 y 2025
El juez da traslado de esta información a la Fiscalía y pide que emita un informe al respecto
La Agencia Tributaria (AEAT) ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el `caso Plus Ultra`, José Luis Calama, que ha abierto una investigación sobre las obligaciones tributarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas entre 2021 y 2025.
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Calama da cuenta de que Hacienda le ha informado de la apertura de "actuaciones de comprobación e investigación inspectora" tributaria sobre el exlíder socialista, su esposa, Sonsoles Espinosa, sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, y el empresario Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante y socio y amigo de Zapatero.
Según el auto, la investigación de Hacienda, que abarca también a varias personas jurídicas, versará sobre los impuestos de Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
El juez acuerda integrar estas actuaciones en el procedimiento y "confiere traslado de la indicada documentación al Ministerio Fiscal" para que emita un informe al respecto, añade la resolución.
HACIENDA, PERSONADA COMO PERJUDICADA
Por otro lado, según una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el juez Calama informa de que "se tiene por personada" como perjudicada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, en la pieza relacionada con las joyas que le fueron encontradas al expresidente socialista en su despacho, y que arrojaron un valor de 1,3 millones de euros en una tasación preliminar.
Fuentes del Gobierno indicaron a Europa Press este jueves que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, estaba ultimando los trámites para personarse a través de la Abogacía del Estado.
El juez Calama indicó en un auto que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que se investiga a Zapatero en esa pieza separada de la causa.
A su juicio, ese extremo "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria.
Por ello, Calama situó a Hacienda "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".
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