Junts lleva el martes al Pleno del Congreso su ley para prohibir el burka y transferir las competencias en inmigración

El texto de Junts presenta un único artículo, que recoge que quedará prohibida la utilización en la vía pública y en cualquier espacio de acceso público de prendas que cubran "total o sustancialmente" el rostro e impidan la identificación de la persona. La norma menciona expresamente el niqab y el burka, aunque se formula de manera general para cualquier elemento que oculte la cara.

También señala que, en todo caso, cuando resulte necesario para fines de identificación o seguridad, la persona deberá descubrir el rostro de forma momentánea ante la autoridad o personal habilitado, "en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación".

Aunque no recoge sanciones, contempla excepciones para casos de salud "debidamente acreditados", exigencias laborales o de prevención de riesgos, actividades culturales o festivas o tradicionales, "cuando no concurra riesgo para la seguridad pública".

"INSTRUMENTO DE INVISIBILIZACIÓN DE LA MUJER"

En la exposición de motivos, Junts argumenta que determinadas prendas que cubren íntegramente el rostro pueden actuar como un "instrumento de invisibilización de la mujer" en el espacio público y proyectar un mensaje "incompatible" con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, sostiene que la identificación personal es un "elemento básico para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos y para la garantía de la seguridad ciudadana".

El partido también subraya que la ley no se dirige contra ninguna confesión religiosa concreta y que parte del reconocimiento de la libertad religiosa. Si bien, recuerda que "ningún derecho es absoluto y debe ejercerse en armonía con otros bienes protegidos como la igualdad, la dignidad humana y la seguridad".

"Resulta éticamente incoherente que sociedades democráticas expresen solidaridad con mujeres que, en otros países, se juegan la vida para 'desvelarse' y reclamar su derecho a existir como ciudadanas plenas, y que simultáneamente legitimen, en el propio espacio público, símbolos de ocultación integral presentándolos como mera 'diversidad'", defiende.

Más allá de la prohibición del velo integral, la proposición incluye una disposición adicional para que el Gobierno central formalice la delegación a la Generalitat de Cataluña de competencias ejecutivas en materia de seguridad e identificación de personas.

En concreto, la ley insta al Ejecutivo a transferir facultades para garantizar el orden y la seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos, ejercer funciones de control fronterizo -incluida la ejecución de la normativa sobre devolución de personas extranjeras- y emitir documentos oficiales de identificación como el DNI, el pasaporte o el NIE desde la administración catalana.

Junts fundamenta esta delegación en el artículo 150.2 de la Constitución y la vincula a la necesidad de dotar a Cataluña de un marco competencial en materia de seguridad.