Un año de la condena a García Ortiz: un indulto "en la mesa" del Gobierno y el TC estudiará su amparo después del 29N

El Tribunal Supremo (TS) condenó por primera vez a un fiscal general del estado el 20 de noviembre de 2025, cuando declaró culpable a Álvaro García Ortiz de revelar secretos contra el empresario Alberto González Amador. Transcurrido un año de ello, el Gobierno tiene su indulto "en la mesa" y la solicitud de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) no se resolverá hasta después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La condena se conoció ese 20 de noviembre, cuando el Supremo comunicó solo el fallo, que impuso García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 a pagar al empresario. La sentencia completa, con los argumentos, no llegaría hasta el 9 de diciembre.

La sentencia contó con el voto particular discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo. Ya la publicación del fallo precipitó la dimisión del que había sido el jefe del Ministerio Público desde agosto de 2022.

Si bien acató la condena y en su carta de renuncia subrayó su "profundo respeto a las resoluciones judiciales", García Ortiz ha defendido --al igual que el Gobierno y el ala progresista del Parlamento-- su inocencia en declaraciones públicas y en sus recursos.

El último capítulo del proceso judicial en el Supremo se cerró hace apenas dos semanas, cuando rechazó la impugnación que formuló la Fiscalía y la Abogacía del Estado por considerar "excesivos" los honorarios del abogado de Alberto González Amador --entonces pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, y confirmó que García Ortiz pague 39.000 euros en costas.

GARCÍA ORTIZ PIDIÓ AL CONSTITUCIONAL QUE ANULE SU CONDENA

La Abogacía del Estado, que defendió a García Ortiz en el juicio, interpuso un recurso de amparo al Constitucional en abril solicitando que anulase la condena que le impuso el Supremo.

En concreto, solicitó que declarase "la nulidad de la sentencia" y la "vulneración" de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, la libertad de expresión o no declarar contra uno mismo.

En su recurso reivindicó que en su actuación "existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía y de los fiscales intervinientes en un asunto de gran interés público, desmintiendo las graves acusaciones que públicamente se habían vertido contra ella".

A su juicio, el Supremo hizo en su sentencia una "valoración irracional y arbitraria de los indicios" y sostuvo "la imputación de la autoría en meras inferencias abiertas, omitiendo prueba de descargo" como "el testimonio de los periodistas que explícitamente declaran que el fiscal general no es su fuente".

"Es arbitraria al dar por probado que la filtración se produjo con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación" de él, "ya que no existe prueba auténtica ni razonamiento lógico suficiente para atribuirle ese conocimiento o aceptación si la revelación hubiera provenido de otra persona de su entorno", indicó.

La Fiscalía, partidaria de absolver a García Ortiz durante el juicio en el Supremo, también pidió al TC que anulase la sentencia, alegando que se vulneraron sus derechos a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y defenderse de ella, y a la legalidad penal.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han explicado que los recursos siguen a la espera de que el órgano de garantías ponga fecha para estudiar su admisión a trámite y han descartado que el asunto avance hasta pasadas las elecciones generales.

BOLAÑOS: "NO ESTÁ DESCARTADA NI UNA DECISIÓN NI OTRA"

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes comenzó los trámites sobre un eventual indulto a García Ortiz el pasado enero, tras sendas peticiones de dos particulares.

Y es que la solicitud de indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre y deben ser sometidas a informe del tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, debiendo ser oída también la Fiscalía y la parte agraviada.

El alto tribunal ya informó desfavorablemente al indulto de García Ortiz, al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública: "Los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad".

En caso de prosperar, la concesión del indulto compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, que es quien tiene la última palabra, y debe acordarse por real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Al respecto, el titular de Justicia, Félix Bolaños, señaló en una entrevista el mes pasado que el Ministerio ya tiene el expediente para tramitar el eventual perdón al ex fiscal general del Estado.

"Quizás soy la persona menos idónea para hablar de este asunto porque precisamente tengo el tema en mi mesa", explicó el ministro, para añadir que "ya han terminado todos los trámites perceptivos" para que él realice una propuesta al Consejo de Ministros.

Este viernes, Bolaños volvió a aludir al perdón a García Ortiz, reconociendo que, si bien su expediente "tiene un interés público y un interés mediático especial", dijo que no piensa hacer "algo distinto" de lo que hace "con cualquier expediente, que es no comentarlo".

"No está descartada ni una decisión ni otra. Se está tramitando el expediente y el día que se resuelva, seguro que daremos cuenta públicamente ante una rueda de prensa como esta que estamos celebrando hoy y explicaremos cuál es la decisión y cuáles son los motivos", expresó.

FISCALÍA LE AUTORIZÓ PARA CONTINUAR EJERCIENDO

Tras la condena, el horizonte profesional de García Ortiz en el Ministerio Público estaba en el aire. El artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que la condición de fiscal se pierde cuando existe una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos".

Además, el Reglamento del Ministerio Fiscal fija como causa para la pérdida de la condición de fiscal la imposición de una condena con "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso".

En enero, la Fiscalía --ahora encabezada por Teresa Peramato-- confirmó que autorizaba a García Ortiz a continuar en la carrera fiscal, argumentando que la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos solo le incapacitaba para el puesto que tenía, no para otros. Así, el ex fiscal general pasó a la a la Sección de lo Social del Supremo.

La incorporación de García Ortiz a esa sección en el alto tribunal se hizo "de conformidad con las previsiones estatutarias, quedando sin efecto su anterior situación de servicios especiales" cuando ejercía como fiscal general, según contaron fuentes de la Fiscalía a esta agencia de noticias.

Desde el Ministerio Fiscal indicaron que "el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado". La sentencia del Supremo, añadieron, "impone a García Ortiz la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años, sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales, ni respecto de otros cargos análogos".