La justicia requiere a la alcaldesa de Santander a que entregue los datos de la calidad del aire de la ciudad

Este requerimiento judicial se produce en el marco del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asamblea Ciudadana Santander Saludable contra la Ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), por lo que la Sala da tres días al Consistorio para que complete la documentación.

Y es que la Asamblea --integrada por catorce organizaciones sociales, vecinales, ecologistas y políticas-- viene denunciando desde hace meses "la falta de transparencia" del Consistorio respecto a los datos obtenidos por los sistemas municipales de medición de la calidad del aire, el ruido y el tráfico.

Según ha indicado en un comunicado, la red municipal cuenta con diez estaciones de medición de la calidad del aire y alrededor de cuarenta sensores acústicos, instalados en el marco de las actuaciones vinculadas a la implantación de la ZBE.

Para estos colectivos, disponer de los registros completos, con su correspondiente ubicación geográfica y continuidad temporal, resulta "imprescindible" para conocer la situación ambiental de los distintos barrios y comprobar si las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento responden "a las condiciones reales de contaminación de la ciudad".

Han incidido en que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Santander ha supuesto la licitación de, al menos, dos contratos de implantación, uno en 2022, por importe de 1,4 millones de euros, para la plataforma y los equipos de medición de la contaminación atmosférica y acústica, y otro en 2023, por valor de 2,3 millones, para la implantación y plataforma de la ZBE. En total, 3,7 millones para el desarrollo de este proyecto y a su financiación en el marco de los fondos europeos.

PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

En este sentido, uno de los argumentos centrales del recurso judicial es que la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones "no responde suficientemente a las necesidades de protección de la salud pública ni a una evaluación transparente y completa de la contaminación existente en Santander".

Al respecto, la Asamblea cuestiona especialmente que la ZBE se haya limitado al entorno del Ensanche, una zona parcialmente peatonalizada, mientras quedan fuera otras zonas de la ciudad con una mayor presión del tráfico y problemas de contaminación, como Castilla-Hermida, la calle Alta, San Fernando, Cuatro Caminos o el entorno de las estaciones.

"La controversia sobre los datos ambientales adquiere especial relevancia porque son precisamente esas mediciones las que deberían permitir evaluar la situación de cada zona y fundamentar las decisiones municipales en materia de movilidad y protección de la salud", ha indicado.

Por ello, estos colectivos han valorado que este requerimiento judicial, que ha dado a conocer, supone "un nuevo paso en la exigencia de que la Administración incorpore al procedimiento la documentación necesaria para esclarecer qué datos existen, qué periodo abarcan y dónde se realizaron las mediciones".

"Ahora corresponde al Ayuntamiento dar cumplimiento al requerimiento judicial, aportar la información completa en el formato exigido o explicar formalmente por qué no dispone de ella ni la hace pública", han insistido.