Abogados y procuradores cántabros se movilizan por "una pasarela" al RETA y no quedar "en la indigencia"

Abogados y procuradores de Cantabria se han sumado desde este miércoles a las movilizaciones que se vienen realizando a nivel nacional para exigir al Gobierno central "un pase" para cambiarse de la Mutualidad Alternativa, en la que les "obligaron" a darse de alta, al RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

Y lo quieren hacer sin perder su antigüedad ni lo cotizado, para tener así unas pensiones de jubilación "dignas" y no quedar "tirados" y "en la indigencia", con prestaciones de hasta 300 euros mensuales.

Los profesionales de estos y otros sectores, igualmente afectados, reclaman que esa "pasarela" sea "voluntaria, justa, universal y sin exclusiones", y que se les reconozca el tiempo que llevan trabajando y, al menos, la base mínima de cotización del RETA, es decir, "una vida laboral completa" y no "en blanco", como la tienen ahora.

"Es como si estuviéramos fuera del sistema, cuando somos parte del sistema", se quejan, para rechazar también las "migajas" que a su juicio recoge la Proposición No de Ley (PNL) que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, en fase de enmiendas, y cuyo texto consideran "difuso" y, además, deja "fuera" al 80% de los afectados.

Por eso, en torno a medio centenar de profesionales de la Abogacía y la Procura de Cantabria se han concentrado entre las 12.30 y las 13.30 horas ante la sede de la Delegación del Gobierno, en Santander, adhiriéndose así al #Movimiento J2.

Unos paros que continuarán todos los miércoles de los próximos dos meses a excepción del 11 de junio, debido a la manifestación prevista el sábado 14 en Madrid, han informado los organizadores a Europa Press.

Según han explicado Luis María Pozo y Olga Iribarnegary, en representación de los abogados y procuradores de la región, respectivamente, con este calendario de "piquetes", que comenzaron hace unos meses en la capital y que se está implementando en diferentes provincias españolas, estos y otros profesionales autónomos igualmente mutualistas alternativos solicitan que su fondo colectivo se traslade a la Seguridad Social y seguir cotizando hasta la jubilación.

Calculan que en la comunidad autónoma hay más de 3.000 personas en esta situación, la mayoría abogados y procuradores, por lo que defienden y piden que se tenga en cuenta y aplique la propuesta normativa propia de este movimiento, para que lo cotizado en las mutualidades alternativas pase y se integre en el RETA "con todos los derechos". "No puede ser que seamos ciudadanos de segunda", avisan.

Pretenden también que el Estado, que "no supervisó" las mutualidades, como era su "obligación", les dé una respuesta satisfactoria y ajustada a derecho en vez de dejarles "tirados" y en "la indigencia", pues de no regularizarse la situación en que se encuentran se verían abocados a percibir en algunos casos entre 300 y 400 euros mensuales de "renta vitalicia", con "doce pagas" y "sin actualizar" la cuantía.