El anteproyecto de Ley de Carreteras incorpora los contratos público-privados y aumenta las multas

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) su anteproyecto para la nueva Ley de Carreteras, que recoge "importantes novedades" respecto a la actual como la posibilidad de financiar obras mediante contratos público-privados y la sustitución de las autorizaciones por declaraciones responsables cuando se trate de trabajos menores de conservación y mantenimiento.

Además, se incrementan las sanciones y se concede al personal adscrito a la explotación de carreteras la condición de agentes de autoridad para que puedan abrir expedientes sancionadores, al tiempo que se regulan asuntos como la publicidad, que se hace "menos restrictiva"; la autorización de cultivos, plantaciones y movimientos de tierras; los tendidos eléctricos; y la celebración de pruebas y eventos.

También se incorpora la regulación de las expropiaciones y reposiciones de servicios afectados, se establece una mayor claridad en la clasificación, catalogación e información de las carreteras de Cantabria, y mayor concreción de los procedimientos de entrega y cesión de tramos de carretera entre administraciones y de colaboración entre ellas.

Con todo, el objetivo de la futura Ley de Carreteras de Cantabria es actualizar la que está en vigor, que data de 1996 y ha quedado "obsoleta en muchos de sus artículos", tal y como ha señalado este martes el consejero de Fomento, Roberto Media, en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Gobierno para presentar las novedades que recoge el anteproyecto, que "simplifica trámites, refuerza la seguridad vial y moderniza la gestión y financiación de la red autonómica".

Tras publicarse en el BOC, se inicia un periodo de audiencia e información pública para recabar las opiniones de los interesados y posteriormente comenzar la tramitación parlamentaria, en la que Media espera poder lograr el consenso necesario para su aprobación "lo antes posible", pues es una ley "muy necesaria" para avanzar en cuestiones de simplificación administrativa que "ahora mismo no funcionan como tienen que funcionar". "Para que se hagan una idea tenemos algo más de 500 expedientes que tardan un montón de meses con todas las autorizaciones de carreteras", ha expuesto.

En paralelo, ha defendido que la nueva normativa busca dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de la infraestructuras viarias, a los cambios en la tecnología de las carreteras, a la evolución de la normativa estatal y autonómica, y a la legislación de contratación pública, ordenación del territorio, urbanismo y evaluación ambiental.

SANCIONES

Una de las novedades destacadas se da en las sanciones e infracciones. En esta normativa se sigue considerando que una infracción es leve cuando no afecta a la seguridad vial y es posible su legalización. Sin embargo, todas las que afectan a la seguridad vial serán graves o muy graves dependiendo de la zona donde se cometan.

Las leves irán de los 300 a los 1.500 euros, las graves entre 1.501 y 15.000 euros y las muy graves entre 15.001 y 120.000 euros.

Además, se han definido nuevos criterios para graduar e incrementar las sanciones, en los que se tendrán en cuenta los daños y perjuicios producidos, el riesgo creado, la intencionalidad o el valor de los daños ocasionados, etcétera. Se prevén reducciones de hasta el 40% del importe si el presunto infractor asume la responsabilidad y el pago anticipado.

El plazo de prescripción de las infracciones pasa a ser de un año para las leves, tres años para las graves y seis años para las muy graves.

FINANCIACIÓN

Por otro lado, la norma prevé ampliar las formas de financiación de las nuevas carreteras con el objetivo de aumentar la disponibilidad de recursos y, con ello, las inversiones que se diseñen desde la Administración. En concreto, se añaden fórmulas como el contrato de concesión de obra pública, los recursos generados por la explotación de carreteras o el establecimiento de contribuciones especiales u otros mecanismos, que no existen en la actual ley.

Dentro de la apuesta por la simplificación administrativa, se sustituye la autorización por una declaración responsable para determinadas obras menores, siempre que no se ocupe la zona de dominio público. "Esa declaración responsable deberá dirigirse a la administración titular de la carretera y en ella la persona interesada declarará, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente", ha explicado el consejero.

También se adecúa a la legislación de Ordenación del Territorio y de Evaluación Ambiental la elaboración, aprobación y modificación del Plan de Carreteras de Cantabria, y se incorporan disposiciones que mejoran la participación pública o se flexibiliza su vigencia, pudiendo ser superior a los ocho años como hasta ahora.

Otra de las materias que se incluye por primera vez en el nuevo texto es la regulación de las expropiaciones y reposiciones de servicios afectados, como recoge la Ley estatal.

En este sentido, el anteproyecto contempla que la administración titular podrá expropiar el suelo con una indemnización equivalente únicamente al valor que tendrían los terrenos en caso de encontrarse en situación rural, y dejar el aprovechamiento urbanístico, o el derecho a él, en posesión de la persona expropiada, siempre que ésta lo solicite, la administración titular lo considere oportuno, sea posible según la legislación y el planeamiento urbanístico y el ayuntamiento manifieste expresamente su conformidad.

En otro orden, el anteproyecto mantiene el esquema de zonas de influencia de las carreteras y usos permitidos y prohibidos establecidos por la anterior ley, pero aclara su forma de delimitarlas "para evitar ambigüedades". Según ha afirmado Media, el texto incorpora una regulación más detallada de los usos que pueden afectar a las carreteras, como la creación o modificación de accesos.

Respecto a la regulación de la publicidad, será menos restrictiva. Si bien se mantiene la prohibición de anuncios visibles desde las calzadas en tramos no urbanos para evitar distracciones, se flexibilizan las condiciones en otros casos, permitiendo la instalación de publicidad fuera de la visibilidad directa de la calzada y en paradas de autobuses.

Asimismo, la Administración podrá retirar publicidad no autorizada ubicada en el dominio público.