El BOE publica las medidas anticrisis del Gobierno por la guerra en Irán, que entran en vigor este domingo

Se trata de un plan de medidas que movilizará 5.000 millones de euros, según la estimación del Ejecutivo, conformado por dos decretos: un real decreto ley con medidas económicas generales, como rebajas fiscales a los carburantes, la electricidad y el gas y ayudas a los sectores más afectados, y otro con la congelación de los alquileres por dos años, defendido por Sumar.

Aunque ya publicadas en el BOE, las medidas entrarán en vigor este domingo y estarán pendientes de convalidación en el Congreso de los Diputados, que las votará el próximo jueves, 26 de marzo.

Este viernes, tras un Consejo de Ministros extraordinario, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación de un "plan integral de respuesta a la crisis" en Oriente Próximo, originada tras la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán: "Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias", explicó.

"Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuáles son sus efectos", señaló.

El real decreto ley de medidas coyunturales recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets', al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano y se recupera la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.

Además, se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea.

La norma también incluye, entre otras medidas, la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos, una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores; y la prohibición a las empresa de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto.

Finalmente, también se añadió un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible, una de las demandas de Sumar, junto a la congelación temporal de los contratos de alquiler, también presente pero en un decreto por separado.

En concreto, este segundo real decreto ley incluye iniciativas como la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para este año 2026 y para 2027, que desde Sumar cifran en más de un millón de contratos que afectarán a 2,7 millones de personas.