El Parlamento cántabro aprueba una iniciativa para reforzar el control de las viviendas turísticas

SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno de Cantabria a tomar una serie de medidas orientadas a reforzar el control de las viviendas de uso turístico (VUT), como crear un mapa de riesgo por municipios o exigir a las plataformas que verifiquen y publiquen el número de licencia autonómica de los alojamientos que ofertan.

La iniciativa, que consta de cinco puntos, partía del PRC y ha salido adelante con enmiendas de modificación del PP y Vox.

Tras los cambios, recoge peticiones al Gobierno regional (PP) como actualizar y reforzar el registro de empresas turísticas incluyendo coordinación de intercambio de datos con el Registro Único estatal y con los registros municipales para facilitar la identificación de alojamientos que operan sin licencia; o dotar de recursos humanos y tecnológicos a la Consejería competente y a los ayuntamientos para realizar inspecciones periódicas y comprobaciones en el plazo de seis meses -este es el único punto que no se ha modificado-.

También reclama la creación de un 'Mapa de riesgo VUT' por municipio en un plazo máximo de ocho meses, en el que se utilice un índice con la densidad de VUT por cada 1.000 viviendas, variación interanual de la oferta, porcentaje de vivienda vacía y evolución del precio del alquiler.

Igualmente, apuesta por hacer obligatorio que las plataformas verifiquen y muestren en los anuncios el número de inscripción/licencia autonómica como condición para publicar las VUT que se encuentren en Cantabria, e impulsar mecanismos legales para la retirada inmediata de anuncios sin licencia.

Finalmente, solicita un plan para incorporar viviendas al mercado de alquiler residencial permanente mediante incentivos concretos a los propietarios.

En el debate de la iniciativa, el regionalista Javier López Marcano ha destacado que Cantabria es la comunidad con el porcentaje "más elevado de viviendas turísticas" y ha lamentado que ayuntamientos y asociaciones manifiestan que el decreto elaborado por el Gobierno autonómico para regular las VUT "provoca inseguridad jurídica" y "pasa la patata caliente" a los municipios.

En la misma línea se ha expresado el PSOE, que ha criticado que el decreto "no contenta a nadie, ni a unos ni a otros", además de que "no es aplicable" porque traslada "la responsabilidad regulatoria a los 102 ayuntamientos". "Realmente en la práctica serán 102 normativas distintas", ha apuntado Mario Iglesias.

Los dos diputados han coincidido también en señalar que ahora el decreto permite que, además de las personas físicas, puedan ser titulares de las VUT las personas jurídicas, lo que para regionalistas y socialistas da pie a "la llegada de las grandes empresas, de los grandes fondos de inversión, que pueden transformar radicalmente las formas de vida, la convivencia y la paz social de nuestras ciudades".

Y también desde Vox, Armando Blanco ha acusado al Gobierno de haber dado "una patada hacia adelante para quitarse el problema de encima" en lugar de "sentarse a hablar con los alcaldes" y "analizar profundamente las implicaciones de este tipo de viviendas". A su juicio, la normativa tiene "dos deficiencias": la "falta de un modelo" para toda la región, y la "falta de seguridad jurídica".

En respuesta a la oposición, el 'popular' Alejandro Liz ha subrayado que las VUT solo representan "el 2%" del total de viviendas edificadas en Cantabria y ha sostenido que su partido quiere "ordenar y no prohibir". "No somos socialistas", ha apostillado.

Respecto a la titularidad por parte de personas jurídicas, ha explicado que "obedece a un dictamen del Consejo de Estado" y ha pedido que estén "tranquilos" porque, tras la entrada en vigor del decreto, solo tres de las 52 declaraciones responsables presentadas corresponden a este sector.

"BLOQUEO" A LA COMISIÓN EUROPEA

Justo antes de debatir este punto, el Pleno ha aprobado otra proposición no de ley, en este caso impulsada por el PP, que insta al Gobierno de España a oponerse y "bloquear" la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 presentada por la Comisión Europea por el "recorte" del 22% que contempla para la Política Agraria Común (PAC) y del 60% para la Política Pesquera Común (PPC).

La propuesta ha salido adelante con el voto de todos los grupos salvo el PSOE, que se ha abstenido tras señalar que estas cifras "no están cerradas" y que lo que se propone es un modelo "más flexible" que permitirá a las regiones tener "mayor capacidad de decisión y de adaptación", "más voz" en el diseño del nuevo Fondo Europeo. También se pretende "fusionar instrumentos para reducir duplicidades, burocracia y desigualdades", según ha dicho Pablo Zuloaga.

En cuanto a los otros dos grupos de la oposición, PP y Vox, aunque han votado a favor han advertido que es el Grupo Popular Europeo el que está "detrás" de esta propuesta.

"Son sus compañeros en Europa los que proponen esta política", ha dicho el regionalista Guillermo Blanco, que ha instado a los populares a que sea la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien "llame a su jefe", Alberto Núñez Feijóo; y a su vez éste "llame a su jefa europea", Ursula von der Leyen, para que "paren este disparate", en lugar de trasladar la petición al Gobierno de España.

Y desde Vox, Leticia Díaz ha acusado a PP y PSOE de haber "firmado el acta de defunción de la PAC" con políticas como la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, "origen de la ruina de nuestro campo". Al hilo, ha criticado "la dualidad del PP", con "un discurso en Cantabria para captar el voto rural y una práctica en Bruselas de sumisión a las élites globalistas y a sus agendas ideológicas".

La PNL aprobada también pide al Gobierno central proteger las inversiones vinculadas a la PAC y rechazar la creación de un fondo único que diluya la PAC y la PPC entre otras políticas comunitarias, así como exigir que éstas se mantengan como política autónoma, con presupuesto propio, estable y suficiente, "blindando" las ayudas directas.