El Parlamento de Cantabria acuerda impulsar la creación del Consorcio Autonómico de Transportes

Se trata de una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en la que se insta al Gobierno de Cantabria (PP) a poner en marcha este consorcio como instrumento estable de coordinación, planificación estratégica y gestión integrada del sistema de transporte público en la Comunidad Autónoma.

La iniciativa también propone convocar de manera inmediata los grupos de trabajo en materia de transporte, con la participación de todas las partes implicadas --administraciones, operadores, agentes sociales y económicos y representantes de la ciudadanía--.

El objetivo es establecer las bases jurídicas y administrativas para la constitución del consorcio; definir su modelo de gobernanza y su sistema de financiación "estable y suficiente"; diseñar una planificación integral bajo criterios de eficiencia, cohesión territorial, sostenibilidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades; y avanzar en la integración tarifaria, la coordinación efectiva de horarios y servicios, y la intermodalidad del sistema.

El diputado socialista Pablo Zuloaga ha señalado que el sistema de transporte público en Cantabria está "fragmentado" en su planificación, su gestión y también en su funcionamiento, con "horarios poco coordinados, transbordos inciertos o tiempos de espera excesivos". Según ha señalado, "el problema no es solo de oferta, sino de organización del sistema de transporte público en Cantabria".

Así, ha defendido el reto de "construir un sistema que sea capaz de responder a los desafíos del futuro y del presente de Cantabria, la transición ecológica, el reto demográfico, la eficiencia en el gasto público y la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía de Cantabria vivan donde vivan".

La finalidad, ha explicado, es plantear "un mejor modelo de transporte que atienda la necesidad de Cantabria, garantice la no desigualdad en el territorio y que promocione la igualdad entre todos los lugares, como Los Tojos o cualquier otro municipio, donde no por residir en zonas rurales tengamos menos y peores servicios".

Los 'populares' han apoyado la propuesta porque "hay que hacer un consorcio de transportes", si bien Rafael de la Gándara ha apuntado que "tiene que haber una base de infraestructuras". En este punto, ha censurado la "deuda histórica con la comunidad autónoma de Cantabria del Gobierno de Sánchez".

Mientras que el diputado regionalista Pedro Hernando ha apostado por "permitir viajar a todos los ciudadanos de Cantabria", "salvar" la brecha que existe con el mundo rural, y hacer una gestión centralizada para "optimizar" y reducir el tráfico en los vehículos privados y las emisiones de combustible.

También Vox ha calificado de "sensata" la iniciativa y "coherente" con sus planteamientos. Armando Blanco ha abogado por "avanzar hacia una red de transporte solvente, fiable y con financiación adecuada, y lograr una integración que facilite la vida a los usuarios y sea eficaz para el conjunto de los cántabros".

PLAN DE DEPENDENCIA A LARGO PLAZO

En otro punto del orden del día, los grupos parlamentarios del PRC, PSOE y Vox se han unido, ante el rechazo del PP, para aprobar una nueva moción -que insiste en otra aprobada por unanimidad el 7 de abril de 2025- para realizar un estudio de necesidades sobre la situación de la atención a la dependencia en Cantabria a largo plazo, con un horizonte mínimo de 15 años.

El Grupo Parlamentario Vox ha presentado este lunes esta moción y ha criticado el "incumplimiento" por parte del Gobierno de Cantabria (PP) de la resolución parlamentaria de 2025 que le instaba a presentar un borrador del Plan Estratégico Marco de Dependencia 2025-2040 antes de finalizar el año pasado.

Este nuevo paso sigue a una interpelación del 30 de marzo, en la que la consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, lamentó que el futuro Plan de Inclusión Social, cuya licitación tuvo lugar en verano, se retrasó por una baja temeraria y sigue pendiente de formalizar el contrato.

En respuesta, el diputado de Vox Armando Blanco ha reiterado hoy que el objetivo de la moción es elaborar una estrategia "a largo plazo" para atender a la generación del 'baby boom', que empieza a jubilarse, así como ha señalado que el 4% de la población cántabra tiene algún grado de dependencia con necesidad de atención, y que de cara a 2040 se estima "un incremento del 50%" respecto de las cifras actuales de dependencia, hasta alcanzar a 32.000 personas.

En esta línea, Blanco ha señalado que el Plan de Inclusión Social del Ejecutivo regional fija el horizonte en el 2030, diez años antes, y ha opinado que "puede que nos dé una visión ajustada" de la situación actual de la dependencia, pero ha apostado por "adelantarse" a lo que ocurrirá en la década de los 2040s en la región.

Por su lado, la regionalista Rosa Díaz ha defendido esa planificación a largo plazo, con el objetivo de afrontar problemas "estructurales" más allá del plazo de cuatro años, con la reducción de las listas de espera, la agilización de los trámites, el incremento de la oferta y la equidad territorial en el medio rural.

Para la diputada socialista Norak Cruz, el Plan Estratégico Marco de Dependencia 2025-2040 se alinea "perfectamente" con las políticas del Gobierno de España, en base a la hoja de ruta del Ministerio de Servicios Sociales, que "va a servir para modernizar los servicios sociales, desinstitucionalizar residencias y desarrollar una nueva economía de los cuidados hasta el 2027", ha augurado.

Por parte del PP, Alejandro Liz ha negado ese "incumplimiento" de elaborar un plan a largo plazo, ha censurado las "mentiras" de Vox y ha defendido que se han dado los pasos "efectivos" para que el Plan de Inclusión cumpla "taxativamente, de manera inflexible y a rajatabla" los términos que fijaba aquella resolución, "incluidos los plazos".

En otro punto, PP, PSOE y PRC han rechazado la proposición no de ley de Vox contra la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales impulsada por el Consejo de Ministros (PSOE-Sumar). Además, el partido de Leticia Díaz ha rechazado una enmienda de modificación del PP a su texto.

La PNL de Vox apostaba por auditar las concesiones de nacionalidad de los últimos años; repatriar a los inmigrantes que accedan ilegalmente al país, así como a los menores extranjeros no acompañados; deportar a cualquier inmigrante que "cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse"; y establecer la prioridad nacional al acceder a ayudas sociales y los servicios públicos.

También, quería instar al Gobierno de España a suprimir las ayudas y beneficios sociales a los inmigrantes ilegales; eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONGs que promuevan o faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas; endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal, otras medidas.