El PP llevará al Congreso la supresión de seis puestos del SEPRONA y "el desmantelamiento de la seguridad en Cantabria"
La portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Ana Vázquez, ha anunciado que el PP pedirá explicaciones en el Congreso de los Diputados "por el desmantelamiento de la seguridad en Cantabria" y, en concreto, por la supresión de seis puestos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en la comunidad.

Así lo ha dicho este jueves, en rueda de prensa, tras la reunión que ha mantenido con 14 representantes de sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y en la que también han participado el diputado nacional del PP y miembro de la Comisión de Interior, Félix de las Cuevas; la senadora y miembro de la Comisión de Interior, Elena Castillo; el diputado nacional, Javier Noriega; el coordinador general del PP y portavoz del Grupo Popular, Juan José Alonso; y el diputado autonómico y portavoz de Interior, Cándido Cobo.
Concretamente, Vázquez ha explicado que pedirán la comparecencia "urgente" del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Congreso de los Diputados, tras la supresión de seis puestos del SEPRONA en Cantabria.
Además, ha lamentado que "desde que gobierna Pedro Sánchez" los ciudadanos de Cantabria que se acercan a un cuartel "se encuentran carteles en los que se anuncia que sólo se puede atender a los vecinos en determinados horarios e incluso sólo algunos días", y ha denunciado que de los 42 cuarteles de la Guardia Civil que hay en Cantabria, sólo 8 permanecen abiertos 24 horas.
A ello ha añadido que la región cuenta con el mayor porcentaje de absentismo laboral de guardias civiles de España y desde 2018 sólo hay cinco efectivos más.
"Todo esto está provocando que se esté mermando la posibilidad del derecho que tenemos todos los españoles a sentirnos iguales, vivamos donde vivamos. Es necesario que cualquier cántabro viva donde viva, en una ciudad en un pueblo, tenga derecho a andar libremente y estar seguro", ha subrayado.
En su opinión, con estos cierres de los cuarteles lo que quiere conseguir Sánchez es bajar los índices de criminalidad, "porque muchas veces para poder poner una denuncia cuesta más alquilar un taxi que te lleva a denunciar los hechos que la cartera que te han robado en la feria o en el mercado".
Por su parte, De las Cuevas ha vuelto a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que se refuerce la presencia de la Guardia Civil en las zonas rurales de la región.
Al respecto ha recordado que "la seguridad es una preocupación que ha aumentado en los últimos años en Cantabria", y ha pedido a la "delegada de Sánchez en Cantabria" --en alusión a Eugenia Gómez de Diego- que el Gobierno del PSOE "cumpla con la región".
Según De las Cuevas, desde que llegó el PSOE al Gobierno, hace siete años, "España se ha convertido en un país más inseguro". En concreto, la criminalidad ha aumentado un 52% en la comunidad, que ha pasado de tener 4.028 delitos a más de 6.140, según los datos del Ministerio del Interior, ha dicho.
En su opinión, los socialistas están "desmantelando la seguridad, reduciendo horarios de apertura de cuarteles". "Parece que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere menos Guardia Civil mientras los ciudadanos piden más seguridad", ha subrayado.
Por su parte, Castillo ha mostrado su preocupación porque desde 2015 las okupaciones han crecido un 183% en Cantabria. Y ha recordado que la primera la primera Ley Feijóo que el PP aprobó en el Senado fue la Ley Antiokuopación, "demostrando así que terminar con la okupación es una prioridad del Gobierno del PP".
AGENTES DE LA AUTORIDAD
Vázquez también ha anunciado un posible acuerdo con el PSOE para reconocer a agentes de la autoridad a todos los empleados de prisiones y así se lo ha trasladado a los representantes de los sindicatos de prisiones en el encuentro que han mantenido tras la rueda de prensa.
En ella, también les ha vuelto a mostrar "el total apoyo del PP" para que se reconozca al personal de prisiones como agente de la autoridad, ante el riesgo real al que se enfrentan estos trabajadores por las conductas violentas por parte de la población reclusa.
Esta situación en Cantabria afectaría a 220 funcionarios y 28 efectivos de personal laboral, tanto en El Dueso como en el Centro de Inserción Social de Candina.
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