Anticorrupción y el PP se oponen a que Ábalos y Koldo queden en libertad antes del juicio de las mascarillas

En sendos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, tanto el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, como los `populares` se muestran partidarios de que el Supremo rechace las peticiones de libertad presentadas por los dos acusados.

Ábalos y Koldo se encuentran en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de noviembre, cuando el magistrado instructor del caso en el Supremo, Leopoldo Puente, acordó esa medida ante el riesgo "extremo" de fuga, "los consistentes indicios", las elevadas peticiones de cárcel y la proximidad del juicio.

El fiscal considera que en este momento "procede rechazar la petición de libertad solicitada, toda vez que la prisión provisional comunicada y sin fianza acordada se presenta hoy como la racionalmente más adecuada para conjurar un alto riesgo" de que puedan "sustraerse a la acción de la justicia".

"Que se deriva de la gravedad de las penas solicitadas, la solidez de los indicios que las sustentan, la inminencia de la celebración del juicio oral y la existencia, todavía, de otras graves conductas que se le imputan en otro procedimiento", apostilla.

Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 y medio para el exasesor por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada. Mientras que solicita 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación.

RIESGO "CLARAMENTE INTENSIFICADO"

Del mismo modo, el PP se opone, en un escrito al que ha accedido esta agencia de noticias, a que Ábalos y Koldo salgan en libertad, al coincidir con la tesis del riesgo "extremo" de fuga que percibió el magistrado instructor.

"El pretendido arraigo familiar y social alegado entonces por los acusados, y reiterado ahora en sus solicitudes de puesta en libertad, en ningún caso permite conjurar dicho riesgo, habida cuenta de la inminencia del juicio oral y de la gravedad de las penas solicitadas por las acusaciones", explica.

De hecho, a su juicio el riesgo de fuga en el que se fundó la adopción de la medida "se ha visto claramente intensificado a resultas de los más recientes acontecimientos procesales", en tanto que la Sala ha rechazado "todas y cada una" de las cuestiones previas formuladas por el exministro y su exasesor, recuerda.

Las acusaciones populares que lidera el PP elevan la petición para el exministro y su exasesor hasta los 30 años de cárcel, si bien para Aldama solicitan la misma pena que el fiscal.

El Supremo ha fijado el arranque del juicio el próximo 7 de abril. La vista oral está previsto que se extienda durante 13 sesiones que se celebrarán en sesiones de mañana y tarde.