Los dos jóvenes condenados a 11 años por la muerte de otro en el apeadero de Boo recurren al Supremo

Los hechos ocurrieron en febrero de 2024 y fueron juzgados el pasado mes de abril por un jurado popular que concluyó por unanimidad que ambos acusados eran culpables de un delito de homicidio, por el que el magistrado de la Audiencia Provincial de Cantabria que presidió el tribunal de legos impuso la citada pena de cárcel.

El fallo ha sido ratificado este verano por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma y las defensas han interpuesto ahora recurso de casación ante el alto tribunal.

La Sala de lo Penal del TSJ cántabro ha confirmado la pena a Rubén G.A. y Ángel R.C., que en el momento de los hechos tenían 19 y 20 años y residían en Boo, al considerar que la marca que presentaba el cuerpo de Carlos Cubillas, de 21 de edad y vecino de Polanco, hacía "incompatible ese golpe con una caída accidental" sobre los raíles, como sostenían los letrados defensores, y confirmaba además que hubo abuso de superioridad.

El día de los hechos, el 3 de febrero de 2024, coincidieron los tres a primera hora de la mañana en el tren cuando regresaban a casa tras una noche de fiesta en Santander. En un momento dado, se produjo una discusión en el interior de uno de los vagones, de los que se apearon en Boo, donde tuvo lugar la mortal agresión.

Los procesados fueron condenados como autores de un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de reparación del daño -antes de la celebración del juicio ambos consignaron 10.000 y 15.000 euros, respectivamente-.

La condena de cada uno también incluyó una medida de libertad vigilada de diez años al término de la pena de once años de cárcel y la prohibición de acercarse y comunicar con los familiares del fallecido durante doce años.

Y en concepto de responsabilidad civil, el juez -de la Sección Tercera de la AP cántabra- les impuso el pago, de manera conjunta y solidaria, de indemnizaciones a la madre, padrastro y hermanos de la víctima que suman 170.500 euros.

Todos estos pronunciamientos han sido confirmados recientemente por el TSJC, al considerar que las pruebas de cargo practicadas en el plenario relacionadas con la agresión y la caída, primero al andén y la vía después, son "suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia" de los dos implicados, que abandonaron el lugar tras lo ocurrido y que desde entonces se encuentran en prisión provisional.

La Sala de lo Penal del alto tribunal cántabro ha descartado así la posibilidad de que la caída a la vía fuera accidental porque del informe forense se desprende que existía una "marca por impacto del cuerpo con tirafondo del raíl, lo que objetiva haber sufrido un impacto con fuerza y direccionalidad", lo que "hace incompatible ese golpe con una caída accidental".