Cantabria solicita en el Senado modificar la Ley de Costas "con consenso y no por la puerta de atrás"

SATADER/MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El consejero cántabro de Medio Ambiente, Roberto Media, ha expuesto este miércoles en el Senado las razones por las que el Gobierno regional (PP) solicita modificar "con consenso y no por la puerta de atrás" la actual Ley de Costas, una cuestión que, ha asegurado, "no es un capricho", sino una necesidad.

Así lo ha dicho en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, donde varias comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' han defendido esta mañana una iniciativa que, entre otras cosas, plantea paralizar la demolición de edificios afectados por esta norma.

Por parte de Cantabria han intervenido tanto el consejero del ramo como el senador autonómico, Íñigo Fernández, quienes han emplazado al Gobierno de España a que "escuche de una vez por todas" a las comunidades para abordar una modificación tan importante.

"No tiene ninguna justificación que no se nos dé voz en la modificación de la Ley de Costas a los que tenemos gran parte de la responsabilidad de su gestión", ha lamentado Media, que ha dejado claro que no aceptará que se haga una restricción "extrema, ideológica y sectaria" desde Madrid porque Cantabria ya protege su litoral con su propia legislación.

Así, ha pedido "lealtad institucional" al Ejecutivo para que no se dicten normas "a espaldas" de las comunidades, al igual que ha exigido que "aparte su ideología trasnochada", escuche a los afectados y no se "bloquee" la modificación de la Ley de Costas en la Mesa del Congreso.

Para el titular de este departamento, esta legislación tiene un impacto "enorme" en el desarrollo económico, social, cultural, turístico y medioambiental de las comunidades, y su éxito solo puede ser posible "si se escucha a todos los implicados".

"Cantabria está comprometida con la lucha contra el cambio climático y la preservación de su costa", ha asegurado Media, pero no lo va a hacer a costa de la asfixia económica de sus municipios costeros por culpa de una norma tramitada de espaldas a la realidad de los territorios", ha asegurado.

A ello ha añadido que Cantabria y otras comunidades han denunciado ya el anteproyecto de modificación del Reglamento de la Ley de Costas --a la que la región presentó alegaciones solicitando que se convoque una conferencia sectorial previa donde se escuchen las solicitudes--, al considerar que va a generar una "tremenda inseguridad jurídica" porque supone un "ataque" contra la actividad económica y contra propiedades con derechos consolidados.

Durante su intervención, el consejero ha puesto de manifiesto la "hoja de ruta de éxito" de Cantabria en la protección y ordenación de su costa, refiriéndose a instrumentos como el Plan de Protección del Litoral (POL) de 2004, la Ley del Paisaje de 2014, la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 2022 o la Estrategia de Cambio Climático.

En la misma línea, el senador autonómico del PP por Cantabria ha pedido a Pedro Sánchez que "escuche" a los afectados por la Ley de Costas y que deje de comportarse con tanto "despotismo". Además, le ha exigido "transparencia y lealtad institucional" en la modificación del Reglamento General de Costas.

Fernández ha recalcado que en Cantabria los afectados no son principalmente los propietarios de viviendas construidas en el litoral, sino los titulares de las concesiones en las desecaciones de terrenos en marismas o de los estuarios de ríos que se hicieron hace casi 100 años, con el fin de establecer actividades ganaderas y promover la actividad económica.

EN "PERFECTO ESTADO AMBIENTAL"

Algo que, ha subrayado, se hizo con el consentimiento de las administraciones, y estas personas tienen sus concesiones "en perfecto estado ambiental".

Así, ha criticado a los "ecologistas de salón" que dicen desde las grandes ciudades cómo tiene que vivir la gente en el medio rural y en el litoral, y les ha pedido que "vayan a verlo, que se pongan por una vez las botas y vayan a pisar ese terreno".

Fernández ha exigido al Gobierno central que deje de "atropellar y pisotear los derechos de los afectados" y ha considerado que estos terrenos son "moralmente" de esas personas, porque algunos llevan en ellos más de 100 años. "No son de Pedro Sánchez para que se los apropie gratis. Son de ellos", ha insistido.

Además, ha afirmado que, "cuanto menos legitimidad tiene el Gobierno de Sánchez para gobernar, es más autoritario", al tiempo que ha lamentado "desprecia a las comunidades autónomas, desprecia los procedimientos, y aplasta y atropella el derecho de los titulares de esas concesiones".

"Vamos a estar con los afectados por la Ley de Costas. No vamos a permitir que los atropellen. No vamos a permitir que los pisoteen. Los defenderemos hoy, mañana y siempre. Cuenten con nosotros", ha concluido.

La iniciativa que el PP ha defendido propone una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre, suspendiendo "cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición".

Así consta en uno de los puntos de la iniciativa que ha presentado el PP este miércoles, con la que busca elevar al Pleno la suspensión de la demolición de los edificios afectados por la Ley de Costas.

INICIATIVA CON 10 MEDIDAS

En la defensa de este punto también están presentes los consejeros de Galicia, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, que han acudido a la Comisión citados por el PP para hablar sobre esta norma.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha explicado que se plantea una moratoria para el derrumbe de todas las edificaciones afectadas por la Ley de Costas, "que puedan implicar cualquier tipo de limitación o pérdida de los derechos de propiedad privada o concesionales de los ciudadanos que se encuentren afectados por los procedimientos antes citados".

La iniciativa de los 'populares' consta de diez medidas y, entre otras cosas, reclama "una revisión ordenada, seria y consensuada" de la Ley de Costas y de toda la normativa del litoral, así como solicita "la convocatoria de manera urgente" de la Conferencia Sectorial.

Cabe recordar que el PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar esta iniciativa adelante en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero se elevará al Pleno para su convalidación definitiva.