El alcalde de Ribamontán al Monte deja el cargo: "Había que hacerlo, pero no es el final"

El alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), ha dejado el bastón de mando este miércoles, al acatar el informe de la Junta Electoral Central que le hace incompatible para el cargo tras ser condenado a inhabilitación por prevaricación administrativa, aunque la sentencia no es firme.

"Hoy ha llegado el momento", ha manifestado el regionalista este miércoles en el Pleno del Ayuntamiento, en el que se ha dado cuenta de la solicitud que el exregidor y querellante, el 'popular' José Luis Fomperosa, hizo a la JEC para instar al Consistorio a declarar la incompatibilidad sobrevenida del alcalde por el fallo, dictado por la Audiencia Provincial, ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y pendiente de que se pronuncie el Supremo.

Pero aunque "había que hacerlo" porque "es lo que toca" ahora, Arco no ve su cese como "el final" de su trayectoria, sino que va a aprovechar para "coger aire y fuerza" y, si al final es absuelto, "presentarse y seguir" su carrera política.

En este sentido, ha mostrado su confianza en la Justicia, pues solo fue condenado por uno de los seis expedientes por los que fue denunciado y enjuiciado.

La renuncia del alcalde --de la que se ha dado cuenta en la sesión plenaria y ha obtenido unanimidad de todos los concejales, los de su equipo de gobierno y de la oposición también-- es una consecuencia administrativa -que no penal-, pues la ley establece que una persona condenada no puede ser alcalde, extremo ratificado por el Supremo en varios casos, así como tampoco elegible (solo podría presentarse a unos comicios si es absuelto).

Mientras, la sentencia --que inhabilita a Arco a nueve años para cargo público por prevaricación administrativa, por contratar a un arquitecto municipal sin convocar proceso selectivo-- no puede ejecutarse hasta que no sea firme.

HAY QUE CUMPLIR LA LEY.

La de este miércoles ha sido una jornada "larga y emotiva" para Arco, que se despide de la Alcaldía porque, como ha dicho "siempre", hay que "cumplir la ley".

Por lo demás, ha ofrecido su apoyo a sus hasta ahora compañeros en el Ayuntamiento, --"mi familia política", ha dicho--, y va a dedicar su tiempo a su familia, que han "sufrido" con este proceso, y a los vecinos: "Les debo todo".

Así, la idea del regionalista es "parar un poco" y "coger fuerzas", porque "esto no es el final, es parte del camino" y su objetivo es ser absuelto, poder volver a presentarse a las elecciones y ser elegido de nuevo.

Entre tanto, y hasta que haya nuevo alcalde en Ribamontán al Monte, desempeñará el cargo en funciones el teniente de alcalde, Raúl Ruiz.

CONDENA.

En el juicio, celebrado el pasado mes de diciembre por supuestos pagos irregulares en 2016 y 2017, Joaquín Arco alegó que todos los pasos que él y su equipo dieron en esa etapa en el Ayuntamiento siempre fueron consensuados y contaron con "asesoramiento legal", de la letrada contratada por el Consistorio.

Así, achacó la denuncia a Fomperosa (PP) por los pagos en cuestión -basados en reparos de ilegalidad de la secretaria municipal- a la "pésima" relación entre esta funcionaria y la abogada.

El alcalde regionalista se enfrentaba a 15 años de inhabilitación que pedían para él la fiscal y la acusación particular, ejercida por el 'popular', al que este ingeniero industrial en la especialidad de electricidad arrebató en 2015 la Alcaldía por un voto de diferencia.

Ambas partes entendían que hubo continuidad delictiva, pero solo fue condenado por uno de los seis supuestos enjuiciados en la Sección Primera de la AP. En concreto, por contratar a un arquitecto municipal sin tramitar ningún expediente ni convocar proceso selectivo alguno, y "a pesar de que había concluido el contrato menor en virtud del cual había sido contratado" el año anterior.

Por lo demás, fue absuelto por su proceder en otros cinco expedientes, al entender el tribunal que en estos supuestos fue asesorado legalmente y en unas ocasiones actuó conforme a derecho mientras que en otras lo hizo en el convencimiento de que estaba cumpliendo la ley.

Tras la sentencia, el PRC mostró su apoyo a Arco y avanzó que no exigiría responsabilidades políticas mientras el fallo no sea firme. Mientras, el PP solo veía dos salidas: o dimitir voluntariamente o que la Corporación municipal forzara su cese. En este sentido, la acusación particular solicitó la inhabilitación sobrevenida del regidor.