El Gobierno derribará 120 de las viviendas de Argoños afectadas por la anulación del PORN

El Gobierno de Cantabria demolerá 120 de las 254 viviendas de Argoños con sentencias de derribo al entender que "ya no tienen solución" para legalizarlas una vez que el Tribunal Supremo ha anulado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Así, el Ayuntamiento ya tiene ojeadas tres parcelas en venta, "muy céntricas" y "mucho mejor ubicadas", para levantar las viviendas de sustitución para los propietarios que opten por ellas.

En concreto, se derribarán 21 viviendas en la urbanizacion Pueblo Del Mar y 99 en La Llana I y La Llana II, a cuyos titulares se dará un plazo de 15 días para notificar si prefieren que se les proporcione una indemnización económica o una vivienda de sustitución, en base a los convenios firmados entre los afectados y el Gobierno.

El Ejecutivo tirará estas 120 viviendas porque entiende que "ya no son susceptibles de seguir dando vueltas", pero con las otras 124 del municipio con sentencias de derribo está a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre el Plan General de Ordenación de Urbana (PGOU) de Argoños.

Y es que su objetivo principal es "intentar legalizar lo ya construido", aunque la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) que representa a los afectados cree que "lo más probable es que también decaiga" ese plan y pide al Gobierno que "acelere lo máximo posible" la aplicación de los convenios para "no crear diferencias" entre los propietarios de las distintas zonas.

Así lo han explicado este martes el consejero de Fomento, Roberto Media; el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña; y el presidente de AMA, Antonio Vilela, en declaraciones a los medios tras mantener una reunión en la que también ha estado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros.

El encuentro se ha convocado a raíz de la sentencia conocida la semana pasada en la que el Supremo da la razón a la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y anula el PORN de las Marismas, un plan con el que el anterior Ejecutivo regional pretendía regularizar la situación de las viviendas afectadas por sentencias de derribo.

El consejero ha manifestado que las sentencias judiciales "son para cumplirlas, incluso las que no nos gustan", y ha criticado a quienes dicen ser "defensores del medioambiente de Cantabria" pero defienden "otros intereses que por supuesto no son los de todos". Y es que a este fallo "no se le ve la parte buena por ningún sitio, pero ellos tienen su pequeña victoria y los cántabros, y sobre todo los vecinos que son los grandes paganos de todo este problema, son los que lo sufren", ha lamentado Media.

Respecto a las 124 viviendas cuyo futuro queda aún en el aire, ha sostenido que si la sentencia pendiente solo anula una parte del PGOU de Argoños como apuntan los técnicos, "estarían legalizadas el resto de construcciones"; mientras que si lo anula "todo en su conjunto" -"esperemos que así no sea"- se volverá a convocar una reunión como la de este lunes para poner en marcha "el resto de procesos para solucionar de forma definitiva el problema".

En todo caso "el dinero público es sagrado" y ha defendido que, "las viviendas que puedan salvarse, vamos a intentar salvarlas".

En cuanto a la financiación para acometer los derribos necesarios, que todavía no se ha cuantificado, el consejero ha indicado que "habrá que quitarlo de otro sitio", "tendremos que sacarlo de donde sea", pero "esto es una prioridad absoluta" para el Gobierno y "no podemos dejar abandonada a esta gente más años".

Así, Media se ha comprometido a "hacer todo lo posible" para "ser el último consejero que tenga que lidiar con este tema". En el caso de las 120 viviendas que ahora se van a derribar en Argoños, ha dicho que estarán "en marcha sin lugar a duda" a final de legislatura, pues una vez que se compre el terreno "iniciaremos la redacción de los proyectos y de forma inmediata después la licitación de las obras".

En este sentido, ha aludido a las tres viviendas de sustitución ya construidas en Argoños que solo están pendientes de los trámites jurídicos, el registro y la entrega a sus dueños, al igual que las de Arnuero, mientras que en Escalante "van a muy buen ritmo y también en el plazo previsto estarán ya preparadas para acabar con el problema definitivamente" en este municipio.

TRES PARCELAS

El alcalde de Argoños ha lamentado el "varapalo" de la anulación del PORN, una sentencia que "no beneficia a nadie", y ha avanzado que está en conversaciones con los propietarios para adquirir tres parcelas cuya ubicación confía en que "va a llamar la atención" a los propietarios para que opten por las viviendas de sustitución y se queden en el municipio.

Así, espera hacer poder llegar a un acuerdo "en el máximo de una semana" y hacer los trámites "lo más rápido posible" para finalizar "de una vez por todas" el asunto tras "25 años de lucha" y "burocracia".

Por su parte, el presidente de AMA ha pedido al Gobierno que aplique los convenios con los afectados "a la mayor brevedad posible" porque "había pocas dudas de que la situación jurídica tenía que llegar a su fin".

Y quiere que se den las opciones -indemnización o vivienda de sustitución- a los 254 afectados para solucionar el problema de los derribos "de una vez por todas y para todos, acabar con el sufrimiento de tantos años de familias que tan injustamente se han visto en esta situación sin tener culpa alguna".

"Creo que podríamos haber adelantado mucho más si se hubiera hecho eso y posiblemente en este momento estaríamos hablando de dónde serán las viviendas de sustitución y estaría el tema un poco más cerrado", ha opinado Vilela.

Así, ha reclamado una reunión entre el Gobierno y todas las urbanizaciones afectadas -que Media ha confirmado que va a tener "una a una"- ya que, mientras el Ejecutivo "ve posibilidades de que el PGOU todavía pueda ser legal", AMA cree que "es muy difícil" y "lo más propable es que también decaiga".

Eso sí, tanto el consejero y el alcalde como el presidente de AMA han animado a los afectados a optar por las viviendas de sustitución y quedarse en Cantabria y en sus municipios, aunque entienden que "la decisión es suya" y que algunos necesitan el dinero de la indemnización.