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Cantabria 02-12-2025 13:15

El Tribunal de Cuentas admite la denuncia del convenio del SCS con Santa Clotilde y la traslada a Fiscalía

El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia de Podemos Cantabria contra el convenio entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Hospital Santa Clotilde, y ha acordado abrir una pieza de Acción Pública y trasladar, además, toda la documentación al Ministerio Fiscal para su conocimiento y análisis.

Así consta en una diligencia del órgano fiscalizador, consultada por Europa Press, y en la que también requiere al partido que aclare si actúa como mero denunciante o si ejercita la acción pública para la exigencia de una responsabilidad contable.

Podemos denunció este contrato, con un compromiso económico estimado de entre 254 y 320 millones de euros y una duración de 16 a 20 años, para que sea analizado "en profundidad" y el Gobierno regional (PP) aporte la documentación y dé las explicaciones que correspondan.

La formación morada, que considera que con este convenio se comprometen recursos públicos "elevados" y "sin una justificación clara ni garantías de eficiencia", también se quejó de esta "opacidad" ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Entendía que el la Consejería de Salud había "ignorado" la solicitud de acceso a información pública sobre el convenio y el CTBG admitió a trámite la denuncia y abrió un expediente de reclamación contra el departamento que dirige César Pascual.

MOTIVOS SUFICIENTES PARA ENCENDER LAS ALARMAS

Para Podemos Cantabria, que tanto el Tribunal de Cuentas como el Consejo de Transparencia hayan decidido actuar tras las denuncias presentadas "demuestra que existen motivos más que suficientes para encender las alarmas".

"Ambas instituciones reconocen que existen razones fundadas para revisar la transparencia, legalidad y el impacto económico del convenio sanitario", asegura el partido, para el que un acuerdo de este tamaño exige una justificación económica "seria", un análisis "real" de alternativas públicas y "todas las garantías de eficiencia y buena gestión del dinero de la ciudadanía".

Por eso, insiste al Ejecutivo autonómico que publique "sin más demora" el expediente completo y avisa que "si se confirman irregularidades o un posible perjuicio" para los fondos públicos, exigirán las responsabilidades que correspondan.

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