Bruselas lleva a Polonia ante el TUE y pide medidas cautelares para restaurar la independencia judicial

   La aplicación del nuevo régimen de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo polaco, que implica que 27 de los 72 magistrados en ejercicio se vean obligados a jubilarse, "se está acelerando y está creando un riesgo de perjuicio grave e irreparable para la independencia judicial" en el país, según el Ejecutivo comunitario, que argumenta que la situación plantea un riesgo para el ordenamiento jurídico de la Unión.

   "La independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales es esencial para el funcionamiento de la cooperación judicial entre los Estados miembros de la UE", asegura el comunicado de la Comisión, que ya abrió expediente a Varsovia por la reforma judicial el pasado julio y amenazó con llevar el asunto ante la Justicia europea en agosto, si el Gobierno liderado por el ultraconservador Mateusz Morawiecki no daba marcha atrás en la reforma.

   La decisión adoptada este lunes por la Comisión incluye la petición de que el TUE dicte medidas cautelares para restablecer la situación del Tribunal Supremo anterior al 3 de abril, fecha en que se adoptaron las nuevas normas impugnadas, a la vez que ha solicitado un procedimiento acelerado con el fin de obtener una sentencia firme lo antes posible.

  BRUSELAS ESPERA QUE VARSOVIA RECTIFIQUE

   Tras una reunión en Bruselas el pasado martes en la que el Gobierno polaco expuso sus argumentos ante los representantes del resto de países de la UE, el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, aseguró que la situación del Estado de derecho en Polonia ha empeorado tras la aprobación de la polémica reforma judicial, y pidió a Varsovia que aclare si seguirá aplicando la jurisprudencia del TUE en el futuro.

   No obstante, el Ejecutivo comunitario insiste en que sigue confiando en el diálogo para que el Gobierno rectifique y "cumpla con las obligaciones europeas", si bien reconoce que las respuestas de Varsovia a las preocupaciones de Bruselas y los Estados miembros "no abren ninguna vía de avance".

  ACTIVACIÓN DEL ARTÍCULO 7

   La Comisión inició el pasado diciembre el proceso para activar, por primera vez en la historia, el artículo 7 del Tratado de la UE por la amenaza al Estado de derecho en un país miembro. La polémica reforma judicial afecta al Tribunal Supremo y otorga al presidente del país un poder discrecional para prorrogar el mandato de los jueces de la corte, a la vez que permite también recurrir sentencias definitivas dictadas incluso años antes.