CGPJ, Justicia y las CCAA evalúan hoy el desarrollo plan de especialización de cláusulas suelo

   El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia se reúnen mañana para evaluar el desarrollo del plan de especialización de juzgados en cláusulas suelo, puesto en marcha el 1 de junio de 2017.

   El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, presidirá la reunión de coordinación, que comenzará a las 12 horas en la sede del órgano de gobierno de los jueces.

   A este encuentro asistirán los vocales del órgano de gobierno de los jueces José Antonio Ballestero Pascual, Mar Cabrejas Guijarro, Álvaro Cuesta Martínez, Juan Manuel Fernández Martínez, Gerardo Martínez Tristán y Rafael Mozo Muelas. Por parte del Ministerio de Justicia, acudirán el secretario general, Antonio Viejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo.

   En representación de las Comunidades Autónomas, está prevista la asistencia, entre otros, de los consejeros de Justicia de País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía y Comunidad de Madrid; asimismo, la de otros altos cargos de Canarias, Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Aragón y la Rioja. Los representantes de la Generalitat de Cataluña asistirán por videoconferencia.

   Este plan fue aprobado el 25 de mayo de 2017 y entró en funcionamiento el 1 de junio de ese año por un periodo inicial de siete meses para atribuir a los juzgados especializados competencia exclusiva y no excluyente en estas demandas. El objetivo era hacer frente al aumento de carga de trabajo previsto tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 21 de diciembre de 2016 sobre las cláusulas suelo y evitar que los órganos judiciales de primera instancia civil se atascasen.

   A finales del pasado mes de junio, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial decidió prorrogar por seis meses más --hasta el próximo 31 de diciembre-- el plan de urgencia adoptado para hacer frente a las demandas de acciones individuales sobre cláusulas suelo, debido al elevado volumen de procesos pendientes.